En setiembre último, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), presidida por el Arq. Osmar Ludovico Sarubbi Gamarra, adquirió en forma directa dos generadores eléctricos para las ciudades de Itá y Concepción.
El proceso se hizo de espaldas a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Ley 2051/03, por lo que la institución que controla las compras del Estado emitió el 24 de noviembre último la Resolución 3660 por la que anula la compra y ordena remitir los antecedentes del caso a la Contraloría General de la República a fin de que se investigue la irregularidad detectada, de acuerdo a los dictados en el artículo 20 inc. e) del Decreto 7434/11.
Recomienda, además, a la Essap “tomar los recaudos pertinentes a fin de deslindar responsabilidades en el orden administrativo, mediante la instrucción de sumario administrativo a los funcionarios que intervinieron en la compra directa”.
El documento firmado por el titular de la DNCP, Santiago Jure, señala que la Essap no remitió los antecedentes de la compra, pese a la insistencia de la institución de control. Menciona que envió una nota señalando que la “compra urgente” hizo bajo el amparo del Decreto 3251 por el cual el Gobierno declaró como prioridad el acceso a fuentes de agua y su provisión para San Pedro, Concepción y Canindeyú, teniendo en cuenta que la zona es frecuentemente amenazada por actos terroristas del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).
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Essap intentó justificar su adquisición, pero no informó a Contrataciones Públicas de qué empresa compró ni qué precio pagó por los dos generadores.
Los datos dan cuenta de que la aguatera del Estado pagó por los generadores eléctricos del rubro “fondos a rendir”, con la venia del exsindicalista Juan Celso López, actual jefe de regionales de la Essap, a cuyo nombre salió el cheque de pago.
Otra irregularidad
Esta no es la única anomalía en Essap. Existe otro caso que guarda relación con la licitación para el refulado hidráulico de 7,5 hectáreas de un terreno en Bañado Norte, donde construirá su primera planta de tratamiento de aguas residuales de Asunción. Adjudicó por G. 45.000 millones al consorcio Bella Vista (Magtel Environmental Risk Service), representado por Manuel García, pero luego subió a G. 54.000 millones porque la oferta no incluía impuestos.