Cargando...
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) informó que la institución inhabilitó y amonestó a 40 empresas privadas por incumplir contratos firmados con el Estado (ver listado de las inhabilitadas en la infografía).
De las 40 sanciones impuestas por el ente de control, 30 son inhabilitaciones de las compañías para presentarse a licitaciones públicas y contratar con el Estado, y las diez restantes corresponden a amonestaciones previstas para “casos leves”.
“Las sanciones fueron estimadas y aplicadas en cada caso considerando la gravedad del hecho, la intencionalidad, el daño ocasionado y la reincidencia o no de la empresa sumariada”, según la DNCP.
La DNCP explica en su comunicado que las inhabilitaciones se debieron a que no cumplieron con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causaron daños o perjuicios al organismo, entidad o municipalidad convocante; y porque proporcionaron información falsa o que actuaron con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia.
Según los datos, las empresas “Maros Inversiones” de Martina Muñoz Rodas y “BCP Ingenieros Asociados”, propiedad de Ramón Eduardo Benítez Molinas y el ingeniero Derlis Ramón Mencia Vera, fueron suspendidas por un periodo de ocho meses. Estas empresas unipersonales recién a partir de mayo de 2017 podrán volver a presentarse en cualquier licitación.
Otras firmas inhabilitadas por espacio de seis meses son: “Scarpe SA”, “ROV Trading SA - Integrante del Consorcio Infinity”, “RB Montaje”, de Rudi Anton Bukaczek Estepa y “MGA Constructora”, de Michael H. Azuaga.
Luis Godoy, asesor jurídico de Contrataciones Públicas, señaló ayer a nuestro diario que algunas empresas son “reincidentes”, aunque no recordó qué empresa fue la que recibió bajo esta administración la sanción máxima de tres años de inhabilitación. Consultado cómo suspender de forma definitiva a una empresa infractora, para que ya no opere con el Estado, respondió que la única vía sería modificar la Ley 2051.