El Indert firmó convenio con decenas de Organismos no Gubernamentales (ONG) y les transfirió millonarias sumas para la construcción de los famosos pozos, defendidos a capa y espada por el presidente de la institución, Justo Cárdenas, pese a los numerosos cuestionamientos y denuncias.
Además de todas las irregularidades que se han publicado, ahora surgen más nombres de firmas que nada tienen que ver con el sector de la construcción y que pese a ello fueron contratadas para la provisión de sistemas de agua potable. Así, figura en la lista oficial “C & C Computers SRL”, de Carlos Guido Castillo Amadeo, adjudicada por G. 839.438.678 para obras en los distritos de Yvyra Rovana y Yasy Cañy, ambos del departamento de Canindeyú.
De acuerdo con los datos de constitución de la empresa a los que tuvimos acceso, el ramo del negocio es la “compraventa de computadoras, distribución, importación, más todo acto lícito de comercio”. Asimismo, figura como su actividad principal la “comercialización de artículos electrónicos”.
ONG de exministro
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La ONG que contrató a C&C Computers es la “Asociación Tavambae”, cuyo director es Víctor Rivarola Medina y que fue creada en 2003, según su acta de constitución. Este documento indica que el objetivo principal de dicha asociación es “aglutinar a profesionales especialistas para proveer asistencia técnica en temas de gestión del sector público con el propósito de buscar el desarrollo sustentable del país”.
En este caso, la ONG no contrató a ningún especialista para provisión de agua potable, sino todo lo contrario. Otro dato llamativo es que el director de Tavambae, Rivarola Medina, es el exministro de la Secretaría de Acción Social (SAS) y primo del expresidente de la República Federico Franco. En marzo pasado se dispuso que él afronte juicio oral y público tras ser elevada la causa, en donde lo vinculan con irregularidades en el uso de vales de combustible de dicha cartera de Estado.
Los gremios de la construcción se pronunciaron en contra de la gestión que se viene teniendo en Indert, pues la administración de Justo Cárdenas elude la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas (contrataciones bajo el rubro 500 de inversiones físicas) y realiza transferencias directas a las ONG (rubro 800), lo cual implica no solo controles menos rigurosos en el uso del dinero público, sino además se ha verificado la elección arbitraria de las “constructoras”.
Gremios, contra el sistema de contratación
El presidente de la Mesa Sectorial de la Construcción de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Luis Tavella, señaló que lo que está ocurriendo en el ente agrario “es lo mismo de siempre”. “Empresas de maletín agarran este tipo de obras, ya sea por facturación o por amistad. Incluso algunas por debajo del costo. Total, no la terminan”, afirmó. Dijo que ejemplo de este tipo de despilfarros tenemos todos los días y el principal es el caso del Fonacide, con obras a través de comisiones vecinales (que hacen las comunas con el mismo sistema de trasferencia directa que usa Indert). “El problema más grave es que nos cuesta conseguir dinero y lo malgastamos”, aseveró.
A su vez, la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), a través de su presidente Jorge Moreno, ya se había manifestado en contra de firmas “de maletín” que proveen pozos para el Indert, pues el contrato a estas firmas que son en su mayoría de los amigos políticos se realiza en detrimento de las constructoras serias, legales y formales del sector.
Dilapidan US$ 21 millones
Bajo la administración de Justo Cárdenas y con la intermediación de dudosas ONGs, el Indert adjudicó la construcción de pozos por G. 120.112.684.164 (US$ 21 millones), según datos oficiales obtenidos a través del portal de Acceso a la Información Pública. Con esa suma, según pudimos verificar, se contrataron 39 empresas sin experiencia en el ramo, la mayoría de ellas pertenecientes a amigos políticos.
La repartija de estos recursos se realizó a través de ONGs de dudosas trayectorias, a las que el ente agrario les transfirió las millonarias sumas y con este sistema eludió las licitaciones, concursos de ofertas y otros mecanismos de libre competencia que garantiza la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas.