La Industria Nacional del Cemento (INC) ya había tenido problemas con la anterior empresa contratada para la limpieza, Sevima SA, cuyos trabajadores denunciaban de que la firma hacía figurar que les pagaba el salario mínimo legal, pero en la práctica el sueldo era mucho menor. La INC terminó rescindiendo el contrato con dicha compañía.
Ahora, la denuncia contra Mafara dice que la firma abona solo en los papeles el mínimo (G. 2.041.123), pues en la práctica paga solo G. 1.112.500. Presuntamente, hace firmar a sus empleados recibos en blanco, que después completa con supuestos “adelantos”. Así, según la denuncia, al fin de mes en las planillas figura el “pago completo” legal. Sobre esta situación, la administración de la INC no recibió aún denuncia formal, según datos brindados por la administración, presidida por Jorge Méndez. Sin embargo, otras fuentes dicen que sí se ha informado, pero que la INC no actúa porque Mafara, en los papeles, “cumple”.
El caso fue denunciado por la Central General de Trabajadores ante el Ministerio de Trabajo. Según los datos, firma a la que INC contrató por G. 739 millones tampoco pagó aguinaldo ni otorgó vacaciones.
Además, Contrataciones Públicas dispuso la inhabilitación de Mafara en el 2017, del 13 de setiembre al 13 de diciembre. “El proveedor ha proporcionado información falsa o ha actuado con dolo o mala fe en un procedimiento de contratación, contrato o en un procedimiento de conciliación o protesta”, se puede leer en el portal de Contrataciones, sin aclarar en qué caso sucedieron las anomalías.
Consultada sobre el caso, la representante de Mafara, Magalí Yudis Brítez, se mostró sorprendida por la denuncia, argumentando que el salario lo paga directamente la INC a través de una planilla que ellos le elevan cada mes. Esto para que se pueda cobrar a través del sistema bancario, dijo.
Explicó que ellos se encargan de la limpieza de oficinas y otras dependencias internas tanto en Vallemí como en Villeta, y que el contrato en realidad supera los G. 1.000 millones por año, porque hubo una extensión al plazo inicial. Añadió que tienen unos 20 empleados en Vallemí y que no saben nada de la denuncia hecha.