El presidente del Incoop, Félix Hernán Jiménez, explicó ayer que luego de que los interventores presenten el informe, los socios deberán elegir a las nuevas autoridades para la aplicación del plan de salvataje.
Este plan estará bajo vigilancia estricta por parte del Incoop, e incluirá una serie de medidas administrativas, como por ejemplo el recorte al máximo de los gastos corrientes, la eliminación de las dietas y varios comités existentes, entre otras.
La asamblea está convocada para las 7:30, en su sede ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora, Zona Sur. Esta entidad cuenta con alrededor de 30.000 socios.
Coofedelmo está bajo la intervención del Incoop desde setiembre del año pasado, tras las dificultades de liquidez que registró debido a las pérdidas acumuladas de más de G. 14.000 millones (US$ 2,4 millones).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La entidad necesitaría de unos G. 6.000 millones (más de US$ 1 millón) de préstamos para volver a operar, lo que conseguirían a través de otras cooperativas. Incluso, hay versiones de que hay cooperativas interesadas en hacerse cargo de la entidad.
Jiménez indicó que aplicando las medidas recomendadas, la referida cooperativa podrá volver a operar normalmente, tal como ocurrieron en otros casos en que estaban bajo intervención del Incoop.
En ese sentido, se menciona a la Cooperativa Multiactiva de Consumo Luque y la Cooperativa Coodeñe de Pilar, que ya están operando casi sin inconvenientes tras culminar la intervención de la entidad de control.
Liquidadas
Con respecto a las 40 cooperativas que ya fueron liquidadas en los últimos años, el titular del organismo de control señaló que la mayoría son pequeñas, algunos dejaron de operar desde hace años, otros fueron creados y nunca operaron. En ese contexto, indicó que las liquidadas no representan ni el 1% de todo el activo que tiene el sector cooperativo.
Una de las últimas liquidada tras una intervención del órgano contralor es la Cooperativa Policial 17 de Mayo, al que se le canceló su autorización para operar mediante resolución dictada el pasado día 2. Luego de una larga intervención, la auditoría determinó que ya no era viable su funcionamiento.
La denuncia de los socios indica un supuesto faltante de más de G. 43.000 millones (US$ 7,7 millones), lo que hizo que esté en una situación financiera crítica y sin condiciones para recuperarse o seguir operando.