Cooperativa Ferroviaria recurre a tribunal contra medida del Incoop

Antes de recurrir a la justicia, la Cooperativa Ferroviaria agotó todos los recursos posibles ante el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), habiendo recurrido en dos ocasiones ante dicha instancia para pedir la reconsideración de la anulación del permiso para operar, hasta que el 3 de octubre pasado el Consejo Directivo del citado organismo decidió rechazar “in limine” el último pedido planteado, relató en vista a nuestra redacción el abogado Luis Carlos Jara, quien mostró múltiples documentos referidos al caso.

Lo que se ha hecho ahora, explicó el dirigente, es promover un “recurso contencioso administrativo contra la Res. 16.373 del 04/07/17, del Incoop, ratificada por otras dos medidas similares posteriores y por la cual se retira la autorización de operar y se cancela la inscripción en el registro de cooperativas. Y recurrimos porque creemos que esta decisión vulnera nuestro derecho cooperativo”, alegó.

En primer lugar, la medida menciona un “sumario administrativo” que supuestamente se le instruyó a la Cooperativa Ferroviaria y en el cual –según el Incoop– “no ha presentado descargo o defensa alguna en relación a las faltas que se le atribuyen”, pero lo que pasa “es que nosotros no recibimos ninguna notificación sobre el referido sumario, desconociendo en consecuencia el contenido de lo que el Incoop dice que estaba haciendo”, argumentó Jara.

Además, siempre de acuerdo al dirigente, “lo llamativo de este caso es que se llegó sin inconveniencia alguna al domicilio legal de la Cooperativa (Antequera 953) la notificación de la resolución recurrida, pero no así el supuesto sumario administrativo”.

Fiscalización previa

Jara admitió que este mismo año, específicamente en marzo pasado, la Cooperativa, fundada a principios de la década pasada con la intención de reconstruir el ferrocarril en su tramo histórico Asunción-Encarnación y para lo cual firmó en 2010 un “contrato de mandato” con Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) y un acuerdo de financiamiento y asistencia técnica con un grupo empresarial europeo (la suiza R&M Infrastructure Projects Holding AG), fue objeto de una fiscalización por parte del Incoop y en esa ocasión se les suministró documentos “que hacen relación a su manejo como una cooperativa que no podía desarrollar aún su actividad económica social establecida en estatutos”.

Lo que pasa, sostiene Jara, que esta no es una cooperativa de ahorro y crédito o de producción sino tiene un fin específico, que es el ferroviario, y tenemos un acuerdo con Fepasa que desde el 2011 estamos tratando de poner en práctica, “pero por motivos que desconocemos los sucesivos administradores del Ferrocarril tratan de ignorar y traban esa posibilidad. Es decir es una empresa del Estado la que impide que cumplamos nuestro rol estatutario y ahora otro organismo del Estado, el Incoop, nos sale al paso para liquidarnos”.

¿A quién beneficia esto?, se pregunta el dirigente, y responde que se puede pensar directamente que hay un contubernio abierto entre el Incoop y Fepasa, porque esta última, en cinco o seis años no ha encontrado la forma de anular legalmente el “contrato de mandato” y ahora trata sencillamente de anular, de “matar” directamente a su contraparte, retirándole su registro cooperativo. Y como una “prueba” de esto, mencionó que antes de que nadie supiera de la decisión del Incoop, el presidente de Fepasa, Roberto Salinas, ya salió a anunciar por algunas emisoras de radio que la Cooperativa ya no podía reclamar nada porque había perdido su condición de tal. “Todo esto es muy indignante para quien quiere hacer bien las cosas en este país”, concluyó.

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