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Una semana antes, también Silvio Riveros se zafó con un certificado médico. Los otros procesados por la misma causa, Enzo Cardozo y Rody Godoy, exministros de Agricultura, tienen acciones pendientes en la Corte Suprema desde hace más de dos años.
Pocos casos de corrupción tienen, como el referido, una copiosa documentación que demuestra con tanta contundencia la perpetración de los delitos. Solamente la complacencia de jueces, unida a la astucia de los abogados defensores, impiden todavía que los acusados vayan a la cárcel por un largo tiempo. Aun así no sería todavía justicia. Haría falta que el Estado recupere, para los pequeños productores, los más de 68.000 millones de guaraníes que se repartieron los acusados.
Los responsables de los delitos denunciados echaron mano a las más burdas patrañas para quedarse con el dinero destinado a los agricultores. Al parecer, creyeron que nunca habría de saberse porque, supuestamente, cumplieron con los requisitos legales. En apariencia sí, sólo que están repletos de irregularidades, según se ha podido comprobar, primero a través de la prensa y luego con una minuciosa investigación fiscal contenida en más de 200 páginas. En cada una de ellas, está el rastro que dejaron los acusados.
La descomunal estafa se inició en 2012 con la firma de un “convenio de cooperación” suscrito el 8 de octubre de 2010, entre Enzo Cardozo y el presidente de la supuesta Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp) Silvio Riveros.
La estructura montada para el golpe era muy sencilla: se entusiasmaba a los productores a reunirse en comités con 10 o 12 miembros. El presidente y el tesorero firmaban un formulario confeccionado por la Fenaprofhp cuyo presidente, el vicepresidente, Lidio Irala, Luis Piccardo y Ricardo Arias, entre otros, recogían las carpetas donde se pedía al ministerio de Agricultura entre 150 y 400 millones de guaraníes, para “incentivar la agricultura familiar”.
Pronto la Fenaprofhp conseguía que el ministro Cardozo, o su sucesor, Rody Godoy, firmase la transferencia. El dinero se depositaba a la cuenta personal de Riveros, quien luego se encargaba de la distribución, pero no a los pequeños productores. Si a estos les alcanzaba algo, eran algunos insumos que para nada les servían. La casi totalidad del dinero se queda en poder de la organización mafiosa.
UN MODELO DE RESOLUCIÓN
El 5 de diciembre de 2012, por dar un ejemplo, Enzo Cardozo firmó la resolución 1280 “por la cual se autoriza a la dirección general de Administración y Finanzas, la transferencia (…) a favor de la Federación... por un monto de 10.000.000.000 (Diez mil millones).
De acuerdo con la ley respectiva, no se puede hacer ninguna transferencia de dinero sin que el titular de la Cartera tenga a la vista una serie de requisitos, entre ellos, un dictamen técnico: el estudio de factibilidad, estudio de mercado, estudio financiero, etc.
Para que el proyecto delictivio fuese más burdo aún, recién el 28 de diciembre –13 días después de la transferencia– se presentó el “Contrato de Prestación de Servicios”. Este “contrato” –fotocopia de muchos otros– era otra de las fuentes de corrupción. El contratante –o sea, Fenaprofhp– se obliga a pagar al contratado, la suma de 898.829.000 de guaraníes (ochocientos noventa y ocho millones ochocientos veinte y nueve mil).
¿Por qué motivo tan astronómica suma? Para abonar al autor de 25 proyectos. Pero hay un solo proyecto. Los restantes son fotocopias. Y para hacer estas fotocopias, se pagaron “honorarios profesionales, gastos de viáticos por movilidad, gastos de oficina, útiles, comunicación y cuantos gastos sean necesarios para el eficiente cumplimiento de su cometido”.
Por nota del 26 de noviembre de 2012, los imputados Silvio Riveros y Lidio Irala (vicepresidente de la supuesta federación), en representación de Fenaprofhp, reiteraron al ministro Cardozo el plan de “Fortalecimiento de Producción de Hortalizas encarado por la Fenaprofhp y le informaron que el plan prevé un proyecto de 83.377.296.450 (Ochenta y tres mil trescientos setenta y siete millones doscientos noventa y seis mil cuatrocientos cincuenta).
Como pudieron comprobar los fiscales, este “plan” presentado por la Fenaprofhp ni siquiera ingresó a la Dirección General de Planificación para su dictamen técnico.
Como se desprende de los resultados, suficientemente documentados, desde luego la intención no era desarrollar ningún plan en beneficio de los pequeños agricultores.
alcibiades@abc.com.py