La resolución de la Corte hace lugar a la “acción declarativa de certeza constitucional” promovida por el ministro de Hacienda, dejando establecido que la Ley 5554/16 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2016 se encuentra plena e íntegramente vigente en el presente ejercicio fiscal 2017, incluyendo la previsión del Art. 73, siguientes y concordantes de la citada ley.
El referido artículo 73 es el que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir bonos por más de G. 3,8 billones (US$ 692 millones al cambio vigente), aunque el ministro Peña aseguró que la colocación se hará este año hasta US$ 558 millones. De este monto, US$ 500 millones serán colocados en el mercado internacional y US$ 58 millones en el mercado local vía Bolsa de Valores o Banco Central del Paraguay (BCP).
Los fondos a ser captados con esta emisión de dudosa legalidad, que se estaría realizando en la primera quincena del presente mes en la bolsa de Nueva York, Estados Unidos, se destinarán en un 57% para bicicletear la deuda que vence en el transcurso del ejercicio y la diferencia, para financiar nuevas obras de infraestructura.
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La Sala Constitucional de la Corte, integrada por los ministros Antonio Fretes, Myriam Peña y Raúl Torres Kirmser, resolvió esta acción de certeza constitucional a favor del gobierno de Horacio Cartes, una figura inexistente en la Constitución Nacional, en un tiempo récord de 56 días.
El titular de Hacienda había planteado la acción el 30 de diciembre del año pasado, un día después de que la Cámara de Diputados aceptara el veto total que el Ejecutivo aplicó al proyecto de Ley de Presupuesto 2017, sancionado por el Congreso.
El 14 de febrero la Corte le otorga una medida cautelar para emitir los bonos y el 24 de ese mismo mes, el fallo definitivo en coincidencia con las fechas de emisión prevista para este mes.
El Gobierno utilizará esta resolución de la Corte como aval para intentar convencer a los inversionistas que la emisión de bonos tiene respaldo legal y que las críticas lanzadas por la oposición en el Congreso y la disidencia del Partido Colorado no impacten en las tasas que deberá pagar el país por este nuevo endeudamiento.
Los partidos de oposición y de la disidencia colorada, sin embargo, se mantienen en su postura de que aún con la venia de la máxima instancia judicial la emisión no fue autorizada por el Congreso y, por lo tanto, no obliga al Estado a pagar.
En medio de este fuego cruzado sobre la legalidad de los bonos entre la oposición en el Congreso y el Ejecutivo, Hacienda ya ultima los detalles para seguir con el ritmo acelerado de endeudamiento del país.