Costo de la política monetaria ascendió a US$ 55,7 millones

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Al cierre del segundo cuatrimestre del año, el costo de la política monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP) llegó a los G. 311.986 millones (US$ 55,7 millones), según el último informe dado al respecto por la banca matriz.

Los fondos destinados por el BCP para la ejecución de la política monetaria hasta el mes de agosto representan un incremento de 47,1% con respecto al mismo periodo de año pasado, cuando la cifra alcanzó G. 211.967 millones (US$ 37,8 millones).

De acuerdo con el detalle, en los Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM), call pasivo y ventanilla permanente de depósitos se destinaron G. 262.464 millones (US$ 46,8 millones); por encaje legal G. 43.630 millones (US$ 7,7 millones) y en los costos indirectos G. 5.892 millones (US$ 1 millón), totalizando de este modo G. 311.986 millones (US$ 55,7 millones).

La política monetaria es el conjunto de acciones que la banca matriz lleva a cabo para influir sobre las tasas de interés y las expectativas inflacionarias, a fin de que la evolución de los precios sea congruente con el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable.

El BCP ejecuta la política monetaria, principalmente a través de las operaciones de mercado abierto, emitiendo IRM con el objetivo de mantener en el mercado monetario un equilibrio compatible con la meta de inflación fijada para el año (4%).

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A setiembre, la inflación subió a 2,7% y la tasa interanual a 4,2%, y a pesar de ello se estima cerrar el año en 3,5%, por debajo de la ya citada meta del 4%.

El BCP también mantiene operativa una ventanilla permanente de depósitos, que tiene por objetivo ser el piso del corredor de tasas de interés de manera a alinear la tasa de interés interbancaria a la tasa de política monetaria. Además de las operaciones de mercado abierto, el BCP utiliza el encaje legal.

El año pasado, en el Senado, vía proyecto de ley de presupuesto 2017, se estableció un tope a este gasto, lo que a criterio de las autoridades de BCP iba a limitar el cumplimiento de uno de los mandatos constitucionales que es mantener la estabilidad de los precios, por lo que este fue uno de los motivos para que el Ejecutivo vetara totalmente ese presupuesto 2017 y mantuviera en vigencia el del 2016.