A mediados de agosto del año pasado, los vicepresidentes de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) Evelio López y Guillermo Fanego, ante el uso indiscriminado y sin control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) del rubro “fondos a rendir”, de unos G. 25.000 millones, pidieron en reunión del directorio que auditoría interna elabore un mecanismo para controlar su destino. La moción de Fanego, apoyada por López, que figura en el acta N° 846, habría molestado al titular del ente Osmar Ludovico Sarubbi Gamarra, quien pidió al Ejecutivo que los destituyan porque estaban poniendo “palo a la rueda”.
El titular de la aguatera había negado la versión, pero saltaron otros documentos que reforzaron los rumores, como por ejemplo, la nota de Evelio López del 18 de diciembre solicitando la inclusión en el orden del día de la siguiente reunión del directorio, que fue marcada para el 23 de diciembre, y que nunca se realizó.
En la comunicación interna figura que López pide informes de A.I. (N° 773) sobre obras; informe AI (N° 781) relacionado a la situación jurídica de las obras; fondos a rendir (09/2013 al 2015) y, por último, informe sobre combustible, que de acuerdo a otro documento de auditoría revela el uso de alrededor de 2.000 litros sin documentos de justificación. Pero López no solo solicitó que los documentos sean incluidos en el orden día de la próxima reunión del directorio, sino también exigió que se le acerquen para poder estudiarlos.
A fines de diciembre corrían fuertes rumores de que tanto López como Fanego iban a ser destituidos. Otras versiones señalaban que los asesores del presidente Horacio Cartes aconsejaron que se deben cambiar a los tres (Sarubbi, Fanego y López) porque “ya se rompió la paz interna”.
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Además, existen dudas del manejo administrativo de Sarubbi Gamarra. Ni bien había asumido la presidencia decía que debía descontratar funcionarios porque contaba con más de lo requerido. Así lo hizo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que comenzara a reponer con recomendados todos los lugares dejados por los despedidos.
Contrató a sus parientes, hijos de sindicalistas y recomendados de los mandamases de turno.
Una de las últimas en ser nombrada como funcionaria permanente, a mediados del año pasado y con un jugoso salario de G. 9,5 millones, fue María Betharram Torres Silveira, nuera del ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Antonio Barrios.