Víctor Insfrán alertó que la propuesta que el Ministerio de Hacienda presentaría los próximos días al Parlamento sería “aún peor” que el anterior anteproyecto, que como el anterior tampoco fue socializado, o sea, dado a conocer a las partes interesadas: trabajadores, empleadores y jubilados.
Afirmó que Hacienda insiste en el mismo defecto rechazado por el empresariado y las organizaciones sindicales: la creación de un “consejo asesor”, que supuestamente va a estar por encima de la Superintendencia, integrado por los ministros de Trabajo, de Hacienda y el presidente del Banco Central, sin dar de vuelta participación alguna a los verdaderos aportantes.
Dijo que el proyecto prevé que este “consejo asesor” va a reunirse dos veces al año. “O sea, no va a tener ninguna incidencia en el manejo de la Superintendencia; van a ser simples figuras decorativas que también van a ser controladas por las autoridades económicas del Gobierno, que serán mayoría con respecto al Ministerio de Trabajo”, afirmó.
Añadió que con este esquema se le da “toda la potestad” extorsiva al superintendente, con lo cual el sector sindical y empresarial están “en absoluto desacuerdo”. Dijo que crear una superintendencia no es necesario, porque en el país los controles no han tenido resultado simplemente por la impunidad que impera.
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Insfrán expresó, no obstante, que no están en desacuerdo con un control profesional respecto a las pensiones, pero que este debe provenir de una relación directa entre la Presidencia de la República y el Ministerio de Trabajo. “Si este ministerio no tiene los fondos suficientes y los técnicos necesarios, en vez de pagar la estructura de una superintendencia, lo que Hacienda tiene que hacer es una transferencia, de donde sea, al igual que lo haría si se crea una nueva entidad”, dijo.
Sería remitido a fin de mes
Técnicos de Hacienda han señalado que no se descarta que el “nuevo” proyecto de ley sea remitido este fin de mes al Congreso Nacional, con el propósito de que sea analizado en las comisiones, y el próximo año se trate su aprobación en plenaria de las cámaras. El sector sindical considera que el planteamiento es, incluso, inoportuno en un ambiente político turbulento.