En 2023 con la deuda de Itaipú cancelada, nuestro país revisará con Brasil el anexo C del tratado de la binacional y en ese marco las opciones son que el precio de la energía baje, como ocurriría si se mantiene el anexo C tal cual, o que el precio actual de la energía se mantenga e Itaipú cuente con un excedente por el monto ingresado por la venta de energía que antes iba al pago de la deuda, calculado en US$ 2.000 millones, a los cuales Paraguay tendría derecho en un 50%. Es esta última opción la que está en el centro del debate en algunos círculos académicos y empresariales y esta opción está llena de “trampas”, según manifestó Cecilia Vuyk, docente e investigadora que en representación del grupo Cultura y Participación publicó varios informes sobre el tema.
“La primera trampa es la utilización por parte del gobierno del discurso de la renegociación del Tratado, para mantener el tratado en esencia igual. La segunda trampa es colocar este debate en torno al precio, para buscar eliminar el debate de fondo con relación al Tratado de Itaipú, que gira en torno a la entrega de nuestra soberanía, la imposibilidad de disponer de nuestra energía y el pago hasta hoy de una deuda espuria que hace tiempo hemos terminado de pagar”, sostuvo.
Las “ausencias estratégicas” del debate
Vuyk rememoró que durante su campaña política, el ahora presidente electo Mario Abdo habló muy poco del tema energético y que simplemente se limitó a decir que se trabajará en una “inversión agresiva” proponiendo la construcción de mayor infraestructura eléctrica para la industrialización.
Dijo que en ningún momento se refirió concretamente a qué se hará con miras a la revisión del tratado de Itaipú y que esta podría no ser una omisión casual.
Convergencia de bonos
Por otro lado, el informe presentado la semana pasada por el Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) señala que Paraguay está ante una oportunidad única, con la convergencia de dos bonos: el demográfico y el energético.
Agrega que Paraguay debe concentrar sus esfuerzos en propiciar un agresivo crecimiento industrial que posibilite su despegue en términos de desarrollo económico y social. “No obstante, está igualmente claro que esto debe ser propiciado por una política de Estado de largo plazo”.