Al respecto, Samaniego explicó que retiran el único diferencial competitivo a la motocicleta paraguaya frente a la moto importada.
Añadió que la moto paraguaya es un kit incompleto al cual se le agregan localmente chasis, partes de goma, resortes, otras partes metálicas, más toda la tarea de ensamblaje.
“Inclusive, la moto paraguaya ya alcanzó origen Mercosur, y hoy el único diferencial que tenemos para competir con una moto importada es la base imponible del IVA del 20%, que tuvimos durante 10 años de ejercicio como industriales de motocicletas”, lamentó.
El presidente de las ensambladoras Reimpex y Sambarie agregó que están dialogando con el Ministerio de Hacienda, tratando de encontrar un “punto satisfactorio” para ambas partes en esta cuestión.
Pésimo precedente
Para el gremio, sin embargo, este decreto genera una “terrible inseguridad jurídica” y un “pésimo precedente” para los inversionistas internacionales.
“El titular del Ejecutivo tantas veces habló de atraer la inversión extranjera y nacional, ahora hace de nuevo una gira para el efecto, y siempre se quejó de la inseguridad jurídica generada por las decisiones de la justicia y del Congreso. Ahora nos saca un decreto que impactará negativamente en este sector que todavía debe competir local, regional y a nivel mundial”, afirmó.
Enfatizó que la medida, netamente fiscalista, va a incentivar con fuerza la importación de motocicletas, en tanto que las cuatro o cinco marcas paraguayas importantes, actualmente líderes en el mercado, tienen “sus días contados” si no se anula el Decreto 8686.
“Hacienda habría entendido esto, pero nos sigue exigiendo números para poder calcular cuánto realmente tiene que ser el incentivo que deje recaudación para ellos y que la actividad siga siendo un buen negocio para nosotros. Pero que nos pidan que nos sentemos a renegociar a mitad del camino, después de tener un programa de producción aprobado por el Ministerio de Industria, y con nuestros compromisos contraídos, con empleados con más de 10 años de antigüedad, esto es un abrupto cambio de las reglas del juego, y esto implica inseguridad jurídica”, aseveró Samaniego.
Reiteró que esta actividad industrial fue considerada hace más de diez años como un sector de preferente desarrollo por el Estado paraguayo, “pero el gobierno actual, en representación de ese mismo Estado, nos está cambiando esas reglas del juego”, concluyó.