El cementerio Las Acacias había sido transferido al IPS tras la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores (BNT), debido a que era el mayor depositante de la entidad fallida. No obstante, antes del traspaso, fue adquirido en el 2008 por la firma Loma Verde SA, integrante del grupo Jardín de la Paz, por G. 17.000 millones, a 10 años.
Ante una denuncia (publicada ayer por nuestro diario) de que sin haber abonado “un solo guaraní” la empresa pidió una reestructuración de la deuda, César García explicó: “Hasta la fecha hemos pagado G. 8.263 millones, entre capital e intereses, pero como la deuda es de largo plazo, la mayor parte de lo abonado se aplicó a intereses. Lo que hicimos nosotros es que, ante la dificultad de pago, de acuerdo al contrato vigente, que ha sido bastante duro para nosotros, hemos solicitado una reestructuración de la deuda, que no implica reducción de intereses ni del capital, ni mucho menos bajar la tasa de interés pactada. O sea, se preservan todos los intereses del IPS”.
Añadió que lo que se busca reestructurar a largo plazo (a otros 10 años) es el capital, que implica “un beneficio para el IPS”, por el hecho de que va a seguir cobrando los intereses, que además está respaldado por hipotecas y una garantía fiduciaria adicional (con el Banco Atlas), que es un reaseguro para los bienes, que está protegido en todo sentido. “A medida que pase el tiempo, en vez de disminuir el valor hipotecario, este ha crecido por las inversiones que nosotros hemos realizado, teniendo en cuenta que los 5.000 nichos (que tenía Las Acacias) fueron construidos a medias y había que ir terminándolos en la medida que haya necesidad”, aseguró García.
Señaló que la empresa esperaba, dentro de un eventual nuevo contrato, comenzar a pagar desde setiembre pasado una cuota de G. 130 millones para los primeros seis meses, con refuerzos semestrales, hasta llegar a una cuota de G. 300 millones. Agregó que también debía pagar un atraso de G. 500 millones, correspondientes al lapso comprendido entre febrero y diciembre de 2016. La propuesta sigue en estudio en el IPS.
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Servicios a funcionarios
En cuanto al planteamiento de vender el servicio a los funcionarios y jubilados del IPS, explicó que es apenas una “propuesta adicional” a la reestructuración. “Alguien, con absoluta mala intención, multiplicó 50.000 personas (funcionarios y jubilados del IPS) por un abono de G. 20.000 mensuales, y de esa operación matemática le salió una fortuna de G. 1.000 millones por mes. Eso sería el sueño de toda empresa, pero lo que no dice el artículo es que hay que salir a captar a esos 50.000 potenciales afiliados. Nosotros tenemos que convencer a cada uno de ellos para que elijan nuestro servicio, porque no somos los únicos en el mercado”. Acotó que con este planteamiento el funcionario y/o jubilado tendría un servicio “muy beneficioso”, por solo G. 20.000 mensuales, que incluye a toda su familia, y que hoy fácilmente cuesta en el mercado entre G. 8 y 10 millones por persona.