La primera demanda presentada oficialmente contra el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), por indemnización por daños y perjuicios al no haber existido expropiación en el caso del fallido proyecto Metrobús, corresponde a la del frentista Rubén Darío Benítez Servín y ronda los US$ 40.000, según manifestó ayer a ABC Color el abogado del afectado, Guillermo González.
El profesional explicó que de acuerdo a la Ley 5389/15, Del procedimiento de expropiación que establece la determinación del valor del inmueble afectado, se hizo una tasación y un estudio topográfico. Teniendo en cuenta los 90 m² de su mandante, a US$ 428 dólares el m² dan US$ 38.520. “Eso es lo que el Estado debería pagar en este caso y existen muchos frentistas en esa misma situación. También estamos en tratativas con Tabacalera Florentín para iniciar otra demanda”, explicó.
Consultado acerca de cuál sería la solución menos perjudicial respeto al derecho a la propiedad privada, garantizado en la Constitución Nacional, el abogado señaló: “La Procuraduría General de la República, en vez de llevar a un juicio, debería llegar a un acuerdo con los frentistas. Un arreglo justo que compense esos metros cuadrados usurpados ya desde los años 70 y que se vuelven a violentar con el metrobús”, indicó. Y añadió: “Aunque en la administración anterior, la Procuraduría había dicho que ese derecho prescribió (indemnización por usurpación), no es así, porque la propiedad es perpetua”, aseguró el abogado.
Otros afectados
Gladys Mancuello, otra de las afectadas por las obras del tramo 3 del proyecto Metrobús, en la zona de Fernando de la Mora, dijo que tenía razones suficientes para evitar que las obras se realicen frente a su local comercial. “Si yo dejaba que el MOPC haga su zanja técnica y desagüe pluvial en mi propiedad, esa parte iba a ser de dominio público, pero en los documentos esa parte de la propiedad sigue siendo mía, yo sigo pagando impuestos por ella”, señaló.
Actualmente, la excontratista portuguesa Mota Engil, que no terminó ni un kilómetro del metrobús pese a haber recibido US$ 21 millones, sigue reclamando al MOPC que no le hayan liberado la franja. Por esto, Mota exige otros US$ 18 millones, según Óscar Stark, gerente del proyecto, que se reunió el lunes con la firma.