Autoridades del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) dijeron esta semana, en conferencia de prensa, que destinaron US$ 5,1 millones al catastro rural al que denominan Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT). Reconocieron que no se cumplió la meta inicial establecida, ya que por ese monto se había planeado censar 993 colonias (362 en el año 2015, 650 en 2016 y 281 en 2017), pero finalmente solo llegaron a 262 (ver cuadro).
Al respecto, obra una denuncia en la Unidad de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Fiscalía, contra personas innominadas del Indert y del SIRT.
Pero la documentación presentada al Ministerio Público no solo cuestiona el bajo rendimiento del catastro rural por haber llegado a menos de la tercera parte de la meta, sino sobre todo, hace referencia a la aparente malversación de fondos porque el ente agrario utilizó fondos que debían ser ejecutados en otros fines.
El abogado denunciante, Hugo Waldino Lovera, explicó ayer a nuestro diario que el SIRT utilizó recursos del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides). Se usó el rubro 851 de “Transferencia corriente al sector externo”, en desmedro de otros rubros como el 842 “aporte a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro” y el 874 “aporte y subsidio a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro”. Entonces, según las explicaciones, en lugar de destinar los recursos para los fines que indica el clasificador presupuestario de la ley de Presupuesto, se derivó a otros menesteres y ahí se estaría configurando la referida malversación.
Lovera también cuestionó que el SIRT se creó apenas a través de una resolución interna del Indert, firmada por el presidente Justo Cárdenas, en lugar de fundamentarse en una ley o inclusive un decreto del Poder Ejecutivo.
Además, los resultados de supuesta “regularización de tierras” a su criterio son engañosos discursos del titular del ente agrario y los responsables del catastro rural (Zulma Sosa y Hugo Jiménez Recalde).
Sobre todo, porque con el SIRT se persiguió a trabajadores del campo, ya que se sacó tierras a gente que desde hace décadas las venían ocupando.