Ayala Albertini tenía un modus operandi que quedó bien claro en el proceso judicial. Según explicó el fiscal Morínigo a este diario, el despachante entregaba a Acepar una boleta de liquidación proforma, en la que solicitaba presupuesto y especificaba el dinero que iba a necesitar para pagar los aranceles de despacho. La acería le entregaba el monto solicitado, pero los pagos no llegaban a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
“El caso estaba demasiado cerrado. Exactamente tenía Acepar los cheques que se le entregaban a Ayala”, dijo el agente del Ministerio Público al explicar los pormenores de la acusación.
Informó además que el procesado se abstuvo de declarar, pero que en todo momento decía, extraoficialmente, que iba a arreglar el caso; insistía en que el dinero recibido fue usado en otros pagos de importación, pero no pudo demostrar su versión, pues todas las boletas proformas que obran en el expediente especificaban los conceptos precisos y los montos de los tributos.
Según los datos, el proceso judicial sigue su curso normal, aunque todavía no se llegó a la audiencia preliminar, paso previo al juicio oral, debido a las chicanas planteadas por el acusado. “A más de dilatar, no planteó nada”, acotó el fiscal.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Quiso conciliar
Según informó el interventor judicial de Acepar, José Luis Vinader, el despachante se presentó en agosto de 2015 en la acería, acompañado de su representante legal, y planteó un “acuerdo conciliatorio”, que no llegaron a concretar.
Ayala Albertini recibió en el 2013 la suma de G. 1.576 millones para que pague a la DNA por despachos de insumos (ver cuadro). Si bien las cargas fueron liberadas en su momento, el dinero no llegó a Aduanas.
La Dirección de Aduanas dijo que hubo infracción y la calificó como “contrabando”; responsabilizó del hecho a Acepar y en forma solidaria al despachante, también sancionó el pago de G. 112.150.958.080 como multa (casi US$ 20 millones). Dicha sanción fue apelada y ahora entiende el caso el director general de la DNA, Nelson Valiente.
Despachante se expone a 8 años de cárcel
Para Acepar, sin embargo, la conducta del referido despachante se encuadra en las disposiciones contempladas en el artículo 160, inciso 2°, del Código de Fondo, que tipifica el delito de apropiación. Según se explica en la denuncia penal, dicho apartado indica: “Cuando el autor se apropiara de una cosa ajena que le hubiese sido dada en confianza o por cualquier título que importe la obligación de devolver o de hacer uso determinado de ella, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta ocho años”.