La denuncia afecta la administración de Juan Schmalko y señala, entre otros puntos, que en el periodo 2013-2015 la EBY dio curso favorable a un gran número de solicitudes de “ayuda social” presentadas por personas que forman parte de sectores supuestamente afectados por las obras de la represa.
Algunas de esas peticiones fueron analizadas y resueltas con dictamen negativo por parte de la Asesoría Jurídica Adjunta de la margen izquierda (Argentina) y, pese a eso, igual otorgaron esos beneficios, por lo que se habría incurrido en un grave perjuicio contra el patrimonio de la EBY, pudiendo configurar hecho punible de lesión de confianza, señala el texto de la denuncia que fue presentada ante la Fiscalía de Delitos Económicos.
Agrega que en el periodo mencionado, los directores paraguayo y argentino (Juan Schmalko y Óscar Thomas) emitieron y firmaron varias resoluciones por las cuales se decide “ad referendum” y luego ratificaron, en reiteradas ocasiones, la aplicación de un Fondo de Asistencia Social para asistir económicamente a sectores afectados, pese a que muchos de ellos no reunían las prerrogativas necesarias para recibir tal apoyo, que constituyó una millonaria erogación para la EBY en ese periodo.
En la denuncia citan más de una decena de resoluciones por las cuales “se dispuso deliberadamente de los fondos de la entidad a los efectos que supuesta ayuda social que se otorgó de manera casi compulsiva por un monto que cercano a los 50 millones de dólares”. El argumento esgrimido por las autoridades de la EBY en su momento para efectuar los pagos fue la existencia de un “pacto social”.
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