De acuerdo con la denuncia, el 24 de setiembre de 2012 el entonces ministro de Obras Públicas, Enrique Salyn Buzarquis, firmó un convenio marco y dos anexos en Roma-Italia con el presidente de Anas International Enterprise, Pietro Ciucci.
Esta firma se comprometía a realizar estudios de suelo en el Chaco y en el departamento de Ñeembucú.
En contrapartida el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se obligaba a pagarle la suma de US$ 500.000, más US$ 100.000 de un supuesto aporte de Yacyretá.
Añade la denuncia que en el momento de viajar Buzarquis no contaba con autorización alguna de la Presidencia de la República para suscribir un convenio internacional y que la contratación directa, sin tener prevista la partida presupuestaria correspondiente, viola varias disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas.
Durante la conferencia de prensa que se realizó en el Ministerio Público, el ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona, explicó que tomaron conocimiento del hecho tras el requerimiento formal de la firma italiana y que incluso ya fueron abordados por la Embajada de Italia en nuestro país.
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Dijo que de la lectura de los estudios presentados por la empresa ANAS en el momento de requerir el pago, se desprende que no realizaron estudios de suelo, sino un análisis de seguridad vial de la Ruta Transchaco.
Como si fuera poco, no hay partida arancelaria que respalde el compromiso asumido y por el cual es requerido en la actualidad el MOPC.
“Entendemos que se trata de una contratación directa, que no tiene el respaldo legal correspondiente. No hay autorización del Poder Ejecutivo, tampoco fue el resultado de una licitación, y que también en ese convenio se comprometió a Yacyretá, sin que el Consejo de dicha entidad lo haya autorizado”, dijo el ministro Jiménez Gaona.
Agregó que, a su entender y al de sus asesores, todo el procedimiento fue ilegal, que se trata de un caso de lesión de confianza e incluso usurpación de funciones públicas desde el momento en que se compromete a Yacyretá al pago de los US$ 100.000, sin autorización.
Para evitar hacerse cargo de la deuda, el MOPC solicitará la nulidad del convenio y el caso será asumido por la Procuraduría.
Lesión de confianza y usurpación de funciones públicas tienen previstas penas de cinco y tres años, respectivamente.