Denuncian al Indert por invadir propiedad privada

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) se adjudicó irregularmente inmuebles privados de Guarambaré, violando derechos de sus dueños, garantizados en la Constitución Nacional. Así lo denunciaron los afectados por el ente en visita a nuestra redacción.

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El señor Arsenio Benítez Ferreira y su abogado Rodrigo Toledo llegaron ayer hasta nuestro diario para denunciar “el atropello por parte del Indert, presidido por Justo Pastor Cárdenas”.

Exhibiendo títulos de propiedad finiquitados, que datan de 1977, explicaron que la familia Benítez es propietaria de inmuebles ubicados en la Colonia Rincón de Guarambaré, que el ente rural pretende entregar a terceros. Se trata de las fincas N° 582, 551 y 554, con una superficie total de 38 ha y 4.217 m2.

Según lo explicado, líderes “sintierras” presentaron ante el Indert una solicitud de adjudicación de los lotes en cuestión en 2012 y esta institución, en lugar de velar por el respeto a la propiedad privada, dio curso a ese pedido, apelando a una mensura judicial irregular en la que los afectados ni siquiera fueron notificados, agregaron.

En el proceso hubo informes falsos firmados por funcionarios del ente agrario, que negaban las inversiones y mejoras de los propietarios, pese a que estos poseen estancia, ganado y empleados en el lugar. Incluso, de acuerdo con lo acotado por Benítez y Toledo, los empleados públicos cayeron en contradicciones respecto a su declaración sobre los colindantes de los inmuebles, ya que primeramente dejaron constancia de los nombres específicos de estos vecinos, pero en el expediente de la mensura dijeron desconocerlos, para evitar así la notificación a los afectados.

Además de desconocer los derechos sobre la propiedad privada, que están garantizados por el artículo 109 de la Constitución Nacional, los denunciantes cuestionan la aparente intención del Indert de entregar las fincas en cuestión a líderes “sintierras”.

Según dijeron, el lunes pasado hubo una reunión entre los afectados y el gerente general del instituto rural, Carlos Liseras Osorio, pero este solo les escuchó, sin dar una solución al problema.

En conversación con ABC, Liseras aclaró ayer que este caso se inició en 2012, bajo la administración anterior, y que a la fecha no hay ninguna adjudicación de las tierras. “En este momento se están estudiando el título y también la mensura. No tenemos criterios tomados ni decisión tomada”, aseguró.

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