El 25 de abril último fue presentada una acusación ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a través del sistema de “gestión de denuncias con protección al denunciante”, contra la licitación de la ruta Alberdi-Pilar (Lote 1) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
En la queja se señalan aparentes simulaciones de actos jurídicos en la oferta del consorcio Constructora Asunción y Asociados (EDB Construcciones y Constructora Asunción SA, pertenecientes a Enrique Díaz Benza).
Fue delatado un supuesto incumplimiento en el requisito del pliego de bases y condiciones (PBC) relacionado a la cantidad de maquinarias que debe tener el oferente para concursar y luego construir la ruta en caso de ser adjudicada.
En el punto “Equipos clave para la obra”, dice el documento, el consorcio Asunción y Asociados presentó facturas de compra de maquinarias como muestra de su tenencia de las mismas, pero estos documentos fueron anulados por los emisores (empresas proveedoras de este rubro) después de la apertura de sobres. Se trata de quince facturas que según la acusación fueron anuladas por nota de crédito y por la Subsecretaría de Estado de Tributación. Son en total 42 maquinarias, valuadas en US$ 6.742.405, que de acuerdo a esas facturas en su mayoría fueron adquiridas el mismo día, el 12 de noviembre de 2018, un día antes de la apertura de sobres, que fue el 13.
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Tras recibir la denuncia, la DNCP no investigó si esas facturas fueron efectivamente anuladas o si hay violación del PBC. Simplemente esa presentación fue desestimada el pasado 2 de mayo, alegando que todavía se está en etapa de evaluación y que, en caso de que el MOPC adjudique a la oferente cuestionada, el denunciante debería presentar protesta.
Entre las empresas proveedoras que figuran en la lista se encuentran Automaq SAECA (3 máquinas), presidida por Antonio Luis Pecci; H. Petersen (11), por Juan Haakon Petersen; Cathay SA (20), por Rolando Zuccolillo; Irimaq (7), por Carlos Alberto Irigoitia y Cimasa (1), por Alexander Kemper. ABC se comunicó con los representantes de las empresas H. Petersen e Irimaq, a quienes consultamos si se concretaron dichas compras o si fueron anuladas las facturas. Luis Irigoitia (Irimaq) no respondió a nuestras llamadas ni mensajes de texto, mientras que Juan María Petersen (H. Petersen) dijo que EDB compró algunas máquinas pero que no recuerda cuántas ni si fueron canceladas algunas facturas.
En entrevista con Enrique Díaz Benza, este afirmó que esas facturas corresponden a las compras que realizó para esta licitación, pero que no está informado acerca de si fueron anuladas. “Nosotros no podemos informar sobre eso porque esos documentos están en el MOPC, en plena etapa de reevaluación. Mientras no se termine de evaluar, toda la información es confidencial”, se excusó. Cuestionó que estos documentos se hayan filtrado, pues alega que son confidenciales.
El director de Asuntos Jurídicos del MOPC, Miguel Marín, refirió que los documentos pudieron filtrarse de esta cartera, de la DNCP o Fonplata, organismo financiador. Se excusó de dar declaraciones, alegando que las ofertas siguen en etapa de evaluación.
Licitación podría volver a anularse
El año pasado, la licitación de esta misma obra sufrió un incidente que ocasionó su anulación y se tuvo que hacer un nuevo llamado. En el marco de esa segunda licitación, DNCP anuló en abril último por Resolución N° 1412 la adjudicación hecha por el MOPC al Consorcio CTT (Talavera y Ortellado SA y Tecnoedil SA), por G. 377.187 millones, y retrotrajo el proceso a la etapa de las evaluaciones de ofertas.
El hecho sucedió a causa de la protesta presentada por el consorcio EDB y Constructora Asunción, que alegaron que el consorcio CTT no cumplía con los requisitos del Pliego.
Fuentes extraoficiales señalaron que hay temor de que la licitación vuelva a ser anulada, debido a las numerosas denuncias dentro del proceso contra los oferentes.