La reunión fue en la biblioteca del Congreso, donde los senadores Miguel Ángel López Perito y Miguel Abdón Saguier, reunidos con técnicos especialistas del sector eléctrico analizaron las conclusiones del simposio de profesores de la Universidad Católica y de la Universidad Nacional de Asunción sobre el caso Aña Cua. Todas ellas apuntan la falta de conveniencia para nuestro país de esta obra en territorio paraguayo, en la margen izquierda del brazo Aña Cua del río Paraná, que ni siquiera fueron aprobadas por el Congreso paraguayo, hecho que viola el tratado de Yacyretá.
“La comisión de seguimiento” que se instaló en el Senado recomendó a sus pares el proyecto y la Nota Reversal N° 2/17, que aún no fue remitida al Senado. Sin embargo, pese a que no fue aprobada, las obras de una nueva central en el Aña Cua “ya están en licitación y a tambor batiente”, señaló el López Perito, al término del encuentro.
El legislador habló de un contubernio público-privado de una “élite corrupta” para beneficiar a empresas como Pescarmona (IMPSA), a la que, según él, el gobierno de Mauricio Macri, con la complicidad de funcionarios paraguayos, quiere salvar de la quiebra.
Entre los cuestionamientos por los cuales impulsan la interpelación del canciller Eladio Loizaga en este tema es que por 270 MW más, de los cuales nuestro país recibirá solo el 50%, se haya permitido nada menos que la violación del tratado de Yacyretá.
“¿Qué es lo que más nos llama la atención? Que por 270 MW más se permite, en primer lugar, la violación del tratado, cuando nuestro país tiene la posibilidad de invertir en la presa Yguazú para tener 200 megavatios propios”, cuestionó López Perito.
“Violaron derechos de todos los paraguayos”
El abogado Theodore Stimson, especialista en Derecho Administrativo, presente en la reunión, se refirió al Pacto Internacional de Derechos Legales y Culturales que garantiza a los pueblos soberanos acceder a la utilización de todas las riquezas del país, una norma de carácter supranacional también vulnerada en este caso, al negársele a los legítimos representantes del pueblo, los legisladores, participar en las discusiones concernientes al proyecto, cuestionado inclusive desde perspectivas técnicas y de costos.