Denuncian el supuesto uso de garrafas ya desechadas

Una empresa de capital argentino dedicada a la distribución de gas licuado de petróleo, que a nivel local tiene la marca Petrogas, estaría incurriendo en la distribución de garrafas dadas de baja en el vecino país e ingresadas en forma irregular, y de vender el producto con menos cantidad de carga del declarado. La denuncia fue radicada ante la fiscala Natalia Silva, en el sur del país.

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ENCARNACIÓN (Juan Augusto Roa, de nuestra redacción regional). La denuncia interpuesta ante la unidad penal número 9, de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, fue formulada por el abogado Alfredo Monges, en representación de un exempleado de la ya referida firma Petrogas. El trabajador pidió la reserva de su nombre por el momento, debido a que ya fue objeto de amenazas, según precisó. La carpeta fiscal está identificada con el número 2980/2018, de acuerdo a los datos recogidos ayer sobre este caso.

Los antecedentes se remontan a unos seis meses atrás, cuando un empleado con rango de jefe en la empresa, a nivel local, detectó irregularidades no solamente en la cantidad de gas cargada a las garrafas, en menor cantidad que la declarada, sino también habría tenido conocimiento del presunto ingreso de contrabando a territorio paraguayo de garrafas que en la Argentina fueron dadas de baja.

El citado operario, según la denuncia, informó de este hecho al directorio de la empresa, que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, pero la respuesta fue que se adecue a la política de la compañía, caso contrario se verían obligados a prescindir de sus servicios.

Ante la negativa del empleado a aceptar las condiciones, por el peligro que implica y su eventual responsabilidad penal ante algún incidente con las garrafas, al final la empresa resolvió desvincularlo, en contra de su voluntad y sin expresión de causa, siempre según la nota entregada por el Abog. Monges a la fiscala Natalia Silva.

“Acá el problema trasciende una cuestión estrictamente laboral y la violación de los derechos del denunciante, ya que existe un hecho más grave, y tiene que ver con la seguridad de los usuarios. En primer lugar porque las garrafas de gas distribuidas por la empresa no tienen la garantía de seguridad requeridas, y en segundo lugar, porque se estaba vendiendo al consumidor menor cantidad de la que se declara en el peso del producto, lo que configuraría un hecho de estafa”, explicó el abogado Monges.

Intervención fiscal

La fiscala de la causa, por su parte, sostuvo que se realizarán todas las diligencias pertinentes para determinar el curso de la investigación. Si bien el expediente está caratulado como “coacción“, éste puede cambiar conforme a lo que se detecte en las investigaciones.

“Tengo entendido que ya hubo una intervención del INTN (Instituto Nacional de Tecnología y Normalización) por lo tanto vamos a pedir informe de esta actuación, y también daremos intervención al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y a la oficina de Defensa del Consumidor”, señaló la agente fiscal.

No descartó una constitución en la planta distribuidora que la compañía tiene en la localidad de María Auxiliadora, distrito de Tomás Romero Pereira, sitio donde se realizan las cargas de las garrafas.

Desde nuestro diario tratamos ayer de contactar con dicha planta de María Auxiliadora para tener la versión de la empresa, pero el celular (terminación 438) daba mensaje de no encontrarse en el área de servicio, mientras que en la línea baja (terminación 257) un mensaje grabado pedía esperar en línea, para luego cortarse la comunicación.

Ambos números aparecen en la página web de Contrataciones Públicas, donde figura que su representante es Guido Enrique Caballero González. Por su parte, fuentes de INTN consultadas dijeron no tener intervención en el caso.

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