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Se trata de los establecimientos agroganaderos, Kary, Amapora y Alegría, del Dpto. de Canindeyú, en el límite con San Pedro y Amambay. Según la denuncia, propietarios de dichos inmuebles son víctimas de extorsiones por parte de un grupo de personas que se presentan como abogados y reclaman parte de las propiedades, utilizando para el efecto títulos aparentemente fraguados.
Los testimonios recogidos indican que los “abogados” en cuestión supuestamente adquirieron de bancos en quiebras las 1.600 Ha. que reclaman, pero según la denuncia, las tierras que corresponderían a los títulos alegados en realidad no existen. Los afectados sospechan que esto fue fraguado por una rosca de avivados para extorsionar a dueños de fincas, solicitando dinero para “arreglar o vender” las tierras en cuestión.
Según los denunciantes, es posible también que los títulos hayan sido fraguados en principio para usarlos como garantía y acceder a millonarios préstamos, pero creen que con eso no se puede acreditar la propiedad de ninguna superficie, por lo que ningún banco en 30 años pudo tomar posesión de la tierra, explicó el abogado Rafael Torres, apoderado de la Estancia Kary.
El representante legal de dicho establecimiento sostuvo que este tipo de documentos son utilizados para extorsionar o apropiarse en forma ilegal de tierras que están en poder de legítimos propietarios, ya que los dueños ocupantes adquirieron la propiedades hace 25 o 30 años atrás y cuentan allí con grandes inversiones.
El abogado señaló también que en el caso de la Estancia Kary, su cliente la adquirió hace 25 años, y trabajan en agricultura y ganadería a gran escala. Ratificó que cuentan con título original y que al igual que los otros propietarios ya recibieron la visita del grupo de supuestos abogados (a los que no identificó), que les propuso un arreglo económico, argumentando que cuentan con título de propiedad y que parte de la propiedad les pertenece.
Los “reclamantes” reivindican unas 1.600 Ha., afectando parte de las tres estancias citadas. Primero buscan un acuerdo “amistoso” con los afectados; luego, si no consiguen su propósito, posiblemente van a buscar la complicidad de algún juez o fiscal para concretar la extorsión, según temen.
Torres cree que los supuestos abogados solicitarán un recurso de amparo ante un magistrado de Curuguaty con base en los documentos presuntamente fraguados. “Vamos a tomar las acciones legales al respecto y solicitar la anulación de esos títulos apócrifos”, dijo Torres.