La aplicación ilegal e irregular de los términos de la Nota Reversal de 1992 (NR 92) por parte de las autoridades de la EBY, para establecer la tarifa de la energía producida en la central hidroeléctrica fuera de lo indicado en el Anexo C del Tratado, ha ocasionado un daño patrimonial contra la empresa, cuyo 50% es propiedad del Estado paraguayo, apuntó el Ing. Escauriza.

El especialista recordó que la NR 92 que modifica el Anexo C no tiene canje de instrumentos de ratificación y fue rechazado por el Congreso paraguayo en 1995; por consiguiente, no tiene vigencia legal. “Dicha norma específica sólo podría modificarse, si el cambio se hubiese realizado de la misma forma en que entró en vigencia; en este caso, no fue ratificada”, insistió. Señaló que lo grave del caso es que tanto el canciller nacional, Eladio Loizaga, como el director paraguayo de Yacyretá, Juan Schmalko, dan su consentimiento para violar el Tratado de Yacyretá y su Anexo C, en contra de los intereses del pueblo paraguayo.

En su opinión, lo que corresponde es denunciar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, que es donde deben dirimirse las controversias sobre el cumplimiento de los tratados.

Cabe indicar que la NR 92 fija arbitrariamente y contra las estipulaciones del Tratado el costo de suministro de electricidad que debe ser pagado por la administradora de los servicios eléctricos a cada país, de 0,030 US$/kWh desde el inicio de la generación, independientemente de la cota del agua en la represa, hasta el 2048 inclusive, el último año de vida útil de la represa.

Además difiere gran parte de las compensaciones por cesión de energía y territorio inundado. Actualmente, existe una investigación abierta por la Fiscalía a partir de la denuncia promovida contra personas innominadas por supuestos actos lesivos contra el patrimonio de la República.