Rubén Darío Cáceres, en su carácter de secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros de la Dinac (Seodinac), presentó ayer bajo patrocinio de abogado la denuncia penal de referencia.
El proceso señalado es contra Juan Manuel Cano, viceministro de Obras; Claudia Centurión Rodríguez, directora de Proyectos Estratégicos y principal responsable de esta APP, según acota el escrito; Lilian Cañete, directora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Dionisio Mereles Verón, asesor jurídico. Todos ellos, como miembros representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Así también, como representante de Dinac denunciaron a Víctor Velázquez, director de Aeropuertos, y a Adalberto Meza Abdo, director jurídico. Por la Secretaría Técnica de Planificación (STP), Marta Granada, directora jurídica. El escrito agrega que también incluye el proceso contra “quienes resulten responsables de los hechos denunciados”.
Hechos punibles
“Efectivamente la violación de los procesos administrativos preestablecidos por la Ley 5102/03 (de APP), su decreto reglamentario, y el mismo Pliego de Bases y Condiciones, revelan en los hoy denunciados conductas penalmente relevantes, que se radican bajo la descripción fáctica de delitos previstos y penados por el Código Penal, como ser prevaricato (Art. 305) y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso (Art. 250)”, resalta.
Explica que inicialmente se presentaron al llamado los consorcios Vinci Airports SAS-Talavera Ortellado SA, Cedicor-Caminos Viales del Uruguay y Sacyr Concesiones SL-Agencias Universales SA. El comité evaluador tenía la responsabilidad de analizar las propuestas de estos consorcios, en dos etapas: la evaluación base administrativa, que es la documental y legal, y la evaluación técnica de las propuestas de modernización.
El único consorcio que pasó la primera etapa fue Sacyr-Agunsa, hecho calificado de “irregular”, pues según el escrito no podía estar habilitado porque una de las firmas, Sacyr, tiene antecedentes de incumplimientos en España, Panamá, Colombia y Chile, lo que no solo la hace una compañía “de alto riesgo contractual”, sino que además la descalifica, según la ley de APP y el PBC de esta licitación.
Dictamen insostenible
“Sacyr Concesiones SL mintió en su declaración de integridad” al decir que “no ha sido eliminada, inhabilitada o suspendida dentro de los últimos cinco años”, agrega el documento. Pero, independientemente a ello, hoy se conocen públicamente todos estos hechos, por lo que “los miembros del Comité de Evaluación de la APP del aeropuerto no pueden seguir sosteniendo el dictamen jurídico favorable y a medida de Sacyr (elaborado por los asesores jurídicos del MOPC, Dionisio Mereles y Macarena Duarte) que habilitara a Sacyr Concesiones SL a seguir participando de la licitación de la APP del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a pesar de estar incursa en la incompatibilidad prevista en el Art. 19 inc. c de la Ley N° 5012/13 y el PBC”.
Finalmente, recalca que los hechos denunciados se encuentran previstos y penados en nuestro ordenamiento penal positivo, por lo que solicitan la investigación de los mismos y, oportunamente, formular imputación contra quienes resulten responsables de los hechos punibles investigados, solicitando al juzgado las medidas que correspondan.