Buscan la intervención, fiscalización y auditoría del proceso de licitación por parte de la Contraloría, conforme a la exposición de numerosas irregularidades administrativas, que algunas de ellas, en el caso de comprobarse, incluso deben ser remitidas al Ministerio Público, por estar incursas en distintos tipos penales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico penal, según menciona parte de la denuncia que plantean senadores de la disidencia colorada y el PLRA.
El escrito está firmado por el presidente de la Comisión Permanente, Ariel Oviedo; el vicepresidente de la misma instancia, Arnoldo Wiens, y los senadores liberales Carlos Amarilla y Luis A. Wagner.
Como primera situación irregular en el proceso licitatorio mencionan al jefe de Gabinete del MOPC, Esteban Sarubbi Lutz, vinculado a la oferta de Vinci. Hablan de una incompatibilidad de su función pública con un oferente. Además, cuestionan la inhabilidad, presunción de fraude, tráfico de influencias y corrupción.
La segunda situación guarda relación con que las consultas no fueron respondidas hasta último momento, por lo que entienden se dio un trato desigual a las otras empresas.
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Mencionan que, por ejemplo, a 13 días de la apertura de las respectivas ofertas, de unas 450 preguntas respondidas, solo 26 fueron enviadas a la firma Cedicor.
Como tercer supuesto hecho irregular mencionan que se hicieron modificaciones sustanciales en el pliego para facilitar la participación de Vinci. También afirman que la oferta de Sacyr debe ser descalificada por tener un contrato rescindido en España, cuando el pliego establece que no podrán participar oferentes que tengan procesos judiciales o que hayan sido condenados por dicha causa dentro de los 5 llamados anteriores.
Multa
La denuncia señala también que la empresa declaró que se les rescindió el contrato del aeropuerto de Murcia y que incluso se les condenó a pagar una multa de 7 millones de euros.