Pero la citada oficina no tiene ninguna potestad para actuar en el caso, lo que sí hizo fue recomendar en forma verbal al director, en ese entonces, Gustavo Codas de presentar la denuncia ante el Ministerio Público.
La aclaración de Ayala es por las acusaciones del abogado Diego Bertolucci –quien ocupó la dirección jurídica de la entidad hasta el lunes pasado– de que estaba por dejar expirar el caso contra los vaciadores de la Cajubi.
Los miembros del consejo y el presidente de la entidad Gustavo Codas le preguntaron su parecer sobre las acciones a tomar, a lo que respondió que ameritaba la presentación de una denuncia ante la justicia porque se trataba de un hecho punible.
“Yo me había reunido con ellos y les recomendé que denunciaran ante la justicia porque se trataba de un hecho grave de lesión de confianza, eso fue todo lo que hice porque no tenía potestad para actuar”, expresó.
En cuanto a la contratación de abogados externos para la defensa de los procesados posteriormente, dijo que el titular de la entidad lo autorizó, “Mateo Balmelli autorizó el pago a los abogados, yo le dije que estaba mal. Le dije: revertí, pero no lo hizo”, refirió.
Añadió que el único que manda en la Cajubi es el director de la entidad binacional, en ese entonces Balmelli, quien firmó la resolución de pago al equipo de abogados de Javier Contreras para defender a los procesados. “Yo no estuve de acuerdo que la entidad les pagara a los abogados porque se trataba de una acción penal pública contra los miembros del consejo, entonces correspondía que cada uno de los denunciados pagara y si resultaban después inocentes, entonces enviaran la factura a Itaipú en cumplimiento del contrato colectivo y no al revés”, explicó Ayala.