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En conferencia de prensa, se refirieron a las acusaciones que había hecho el titular del Indert sobre corrupción de los funcionarios, y al respecto le respondieron que no son ellos los que hoy están enfrentando un proceso por enriquecimiento ilícito, tal y como lo está haciendo Cárdenas en la actualidad.
Los sindicatos Sintra y Sintibir pidieron un detallado desglose de cómo se usaron los millonarios fondos, sobre todo considerando que de la meta de 993 colonias censadas, solo se llegó a poco más de 300 a la fecha.
El funcionario Lino Ávila lamentó que, pese a esos resultados, la Junta Asesora del Indert aprobó para el 2018 otros G. 8.500 millones, “para seguir haciendo lo que no estaban haciendo”.
El presidente de la Asociación de Agricultores de Alto Paraná (Asagrapa), Tomas Zayas, indicó por su parte que el SIRT está plagado de irregularidades y el proyecto de ley que pretende que ese catastro rural sea un estamento permanente del Indert está “viciado de nulidad”. “Cárdenas es la cara visible de la mafia de la tierra en nuestro país”, dijo.
A su vez, el abogado Silvio Villagra, de la oficina regional del Indert en Alto Paraná, resaltó la inconstitucionalidad del SIRT, al ser creado por una resolución sin tener en cuenta las leyes de creación del instituto ni del Estatuto Agrario. Ese catastro rural vino a reemplazar funciones de la misma institución, se quejó.
Los funcionarios esperan que las nuevas autoridades anulen el SIRT y devuelvan al Indert sus funciones.