Desde España, informaron sobre denuncia contra Sacyr

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El titular de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara Baja, diputado Dany Durand (ANR-Capital), informó que desde España se recibieron informes sobre una denuncia contra Sacyr, la empresa a la que el Gobierno nacional está a punto de adjudicar la APP para modernizar el aeropuerto Silvio Pettirossi pese a numerosos cuestionamientos.

El diputado disidente adelantó que será organizada una mesa de trabajo a los efectos de analizar y evaluar el proceso de licitación pública, vía asociación público Privada (APP), correspondiente a la modernización de aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. A los efectos de dar mayores detalles al respecto, se realizará una reunión hoy, a las 9:00, en las oficinas del bloque asesor, con presencia de representantes del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), que conduce el proceso.

“Hemos recibido informes de un agente del gobierno de Cataluña (Barcelona, España), con relación a una denuncia que involucra a la firma Sacyr. Queremos conversar al respecto con las autoridades debido a los diversos cuestionamientos que genera esta licitación y ver cuáles son las alternativas ante una situación poco clara y transparente, antes de sacar cualquier tipo de conclusión”, explicó el diputado Durand.

Resulta que tanto el pliego de bases y condiciones como la ley que regula los procesos de contratación vía APP disponen la imposibilidad de presentar ofertas o ser contratistas a las personas que tengan un proceso judicial o trámite por incumplimiento contractual; así también, establece que dichas personas no podrán actuar como miembros de un consorcio oferente o contratista ni ser subcontratistas del oferente o contratista.

En tal sentido, a través de investigaciones periodísticas se comprobó que Sacyr tiene el 67% de las acciones de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia, una empresa a la que el gobierno de esa ciudad española le rescindió contrato. Pero ese es solo uno de los antecedentes, pues la compañía también está en litigio por su contrato en Panamá, donde reclama un millonario pago –mucho mayor a lo pactado en el contrato inicial– por supuestas obras adicionales. De igual forma, tiene antecedentes de trámites judiciales en Colombia.

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Investigación fiscal

Precisamente, luego de que se hayan difundido todos los cuestionamientos hacia Sacyr y el proceso de APP del Silvio Pettirossi, sindicalistas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) denunciaron ante el Ministerio Público a los miembros del comité evaluador de la licitación por la producción de documento público de contenido falso y otros aparentes hechos punibles que se habían dado.

El último fin de semana, Rubén Darío Cáceres, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros de la Dinac (Seodinac), dijo a ABC que el Gobierno está intentando por todos los medios “desvirtuar y demeritar las denuncias contra la APP del aeropuerto”, y que por esa razón el gremio insiste en una investigación seria por parte de la Fiscalía.

“No voy a ser hipócrita. Desde un principio supimos que esto no se estaba manejando de forma transparente, pero hoy ¡todos los antecedentes que tiene esta empresa (son de público conocimiento)! La ley que el propio Gobierno hizo tiene restricciones para que ciertos oferentes participen; sin embargo, esta empresa, con la complicidad de los miembros del comité, está violando esas reglas”, aseguró. Fue con referencia al documento que este diario publicó el fin de semana y confirma que desde junio del año pasado el MOPC sabe que Sacyr mintió en su declaración jurada de integridad, negando los procesos judiciales que tiene en Panamá, Colombia y España.

Dictamen contra la ley

Para legitimar la continuidad de Sacyr, miembro de un consorcio competidor en la licitación para modernizar el aeropuerto, la Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE) formuló una consulta a la Dirección de Asuntos Jurídicos del MOPC, que, argumentos mediante, concluyó que Sacyr puede seguir compitiendo, aún cuando hay visos de una violación de la ley de APP, por la rescisión de su contrato en el aeropuerto de Murcia, España.

La consulta en cuestión fue hecha por la propia titular de la DIPE, Claudia Centurión, como resultado de una observación hecha por la Secretaría Técnica de Planificación (STP) a la evaluación a Sacyr. La STP es parte clave en este proceso.