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A través de la Resolución N° 1171, firmada por el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, se destituyó a Miguel Marín del cargo de director de Asuntos Jurídicos. Asumió en su reemplazo Lorena Balbuena, quien se desempeñaba como titular de la Dirección de Gestión Socio Ambiental del MOPC. Balbuena fue asesora de Wiens cuando este era senador nacional.
El documento, con fecha del 31 de mayo pasado y dado a conocer ayer, señala que Marín “pasa a cumplir otras funciones”, sin dar detalles acerca del motivo de dicho cambio.
Al respecto, consultamos con el ministro Wiens, quien se limitó a manifestar que se trata de “cambios normales en cualquier institución”.
Wiens solo agregó que se seguirán dando “varios cambios” dentro de la cartera, tal como ya lo había adelantado días atrás en entrevista con ABC, cuando fue consultado acerca de las denuncias de irregularidades y protestas presentadas en los diferentes llamados.
Por otro lado, fuentes extraoficiales cercanas al ministro afirmaron que la destitución de Marín se debe a las reiteradas denuncias sobre supuestas irregularidades en su gestión, principalmente dentro del comité de evaluación de ofertas de las diferentes licitaciones.
“La verdad que los cargos públicos son pasajeros. No precisamente debe existir algún motivo para dejarlos. Sí le puedo asegurar que estos meses fueron durísimos y desgastantes”, dijo, sin embargo, Marín a ABC.
Las fuentes, que prefirieron no ser identificadas, afirmaron que la cantidad de protestas en los diferentes llamados se deben a puntos cuestionados en los pliegos de bases y condiciones.
Semanas atrás fue apartado el jefe de gabinete de la institución, Édgar Ibáñez, quien fue reemplazado por la secretaria general de Gabinete, Estela Azuaga. Ibáñez también formaba parte del comité de evaluación de ofertas. En febrero pasado, también fue desvinculado Carlos Jorge Paris Ferraro del cargo de gerente general de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP).
Ese mismo mes, también asumió el Ing. Marcelo Pizzurno como titular de la Gerencia de Vialidad y Caminos Vecinales en reemplazo de Julio Ríos; Maia Becker en Gerencia de Operaciones y el Ing. Zoilo Benítez en Gerencia de Agua y Saneamiento.
Los principales cuestionamientos a Miguel Marín y Édgar Ibáñez, miembros del comité evaluador, surgieron de los empresarios de la construcción, quienes denunciaron que adjudicaban obras a las ofertas más caras. Según los datos, son más de 30 las protestas presentadas (ver cuadro).
Uno de los principales casos es el de la adjudicación del llamado para obras de mejoramiento de caminos vecinales en San Pedro y Canindeyú, en donde fueron adjudicadas empresas que se encontraban en los puestos 18 y 19. En uno de los casos la diferencia de precios entre la cotización más baja y la que fue aceptada ronda los G. 13.000 millones. También se protestó la adjudicación del lote 1 de la Ruta Alberdi-Pilar al Consorcio CTT (Talavera y Ortellado SA y Tecnoedil SA), por G. 377.187 millones, y el llamado fue retrotraído a la etapa de evaluación.