Esta historia empezó durante el gobierno colorado de Nicanor Duarte Frutos, cuando aquel jueves, 18 de noviembre de 2004, se suscribió el Acuerdo Energético de Caracas (AEC), en Venezuela, para la provisión de combustible por parte de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
La “oferta” consistió en créditos a largo plazo (de hasta 15 años) con dos de gracia y 2% de interés en dólares, y la posibilidad de amortizar la deuda con la comercialización de productos agroindustriales paraguayos. Fue entonces presidente de Petropar Armando Rodríguez y la operación se cerró con el compromiso de entregarnos 18.600 barriles diarios, equivalentes a unos 85 millones de litros al mes, el mercado del gasoíl en nuestro país de aquel entonces.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que se observaran los numerosos abusos que se dieron en el marco de este acuerdo. Aparecieron contratos que se contraponían a lo estipulado en el mismo Acuerdo de Caracas, con intereses abusivos que llegaban hasta el 18%, cuando lo pactado es un 2%, así como llamativos “acuerdos confidenciales” firmados entre Duarte Frutos y el entonces presidente Hugo Chávez con intenciones y compromisos que terminaron siendo asumidos por el pueblo paraguayo.
Se confirmó también que Venezuela llegó a vendernos el gasoíl más caro de la región, pero igual los sucesivos gobiernos seguían manteniendo la dudosa operación. Igualmente, se detectó que PDVSA aplicó cláusulas leoninas en sus contratos en detrimento de los intereses paraguayos y aún así las autoridades locales se los permitían.
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Durante la administración de Alejandro Takahasi (2006-2008), en la era Duarte Frutos, la deuda con PDVSA había aumentado en más del 60%, por un combustible que la gente pagaba al contado en las estaciones de servicios y el gobierno colorado entregó este pasivo a Fernando Lugo, en el 2008, con una mora que ya alcanzaba US$ 156.300.840.
Durante el gobierno de Lugo se terminó por consumar la cesión energética del país a PDVSA. Así, para el 15 de abril de 2009, cada minuto que pasaba aumentaba en G. 1.000.000 el pasivo con Venezuela. En este año la deuda total ascendía a US$ 317 millones.
Los sucesivos gobiernos justificaron este despilfarro con la permanente “excusa” del subsidio al precio del gasoíl, pero en contrapartida jamás transparentaron la estructura de costo de importación del carburante, que históricamente se constituyó “en un secreto de Estado” en los diferentes gobiernos.
El negocio del petróleo es al contado. Así lo pagan las distribuidoras mayoristas, las estaciones de servicio y los usuarios. En el caso del subsidio –cuando los hubo– debieron haber informado claramente el nivel del mismo, en qué año se dio, en qué mes o día exacto se registró, ya que hubo también largas temporadas de ausencia de pérdidas. Y, sin embargo, la deuda jamás de redujo sino todo lo contrario.
Petropar ni los sucesivos gobiernos jamás informaron sobre el costo operativo de Petropar, ya que históricamente las planillas del ente sirvieron para llenar de hurreros, amantes y como botín político de las distintas administraciones.
Cuando asumió este gobierno, la deuda llegaba a US$ 271.000.000 y ahora pretenden refinanciarla por otros 15 años más.