Las objeciones legales que tiene la Contraloría General contra la polémica licitación del aeropuerto, no pueden ser rebatidas con argumentos de instituciones técnicas, explicaron ayer especialistas en Derecho Administrativo. También dijeron que no hay documento que pueda suplantar el rol constitucional de la Contraloría, en referencia al que busca el Ministerio de Obras Públicas para justificar la entrega del aeropuerto.
El consorcio al que quieren adjudicar está liderado por Sacyr, el mismo al que ya le dieron la duplicación de las rutas 2 y 7, también en el marco de un contrato de Alianza Público-Privada (APP). La participación de Sacyr en la licitación y su inminente adjudicación violan la ley de APP y el mismo pliego de bases, por sus múltiples antecedentes judiciales y de reclamos.
En tal sentido, el MOPC y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) enviaron notas a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) solicitando un “parecer” e incluso tienen previsto enviar a una comitiva hasta la sede de OACI, en Toronto (Canadá).
Fuentes del comité evaluador indicaron que al mediodía de ayer se reunieron con el procurador Roberto Moreno para idear una estrategia que justifique la adjudicación a Sacyr, pese al dictamen de la Contraloría.
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Intentamos conversar con el procurador, pero no respondió nuestras llamadas.
¿Huyó de periodistas?
El ministro Ramón Jiménez Gaona asistió ayer al lanzamiento de un manual presentado por la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC). En cuanto se percató de la presencia de periodistas, salió sorpresivamente del sitio, y se negó a dar declaraciones sobre cualquier tema.
Las objeciones más serias
Las direcciones de Obras, de Licitaciones y de Asuntos Jurídicos de la Contraloría, que analizaron el recurso de reconsideración interpuesto por el MOPC para evitar la cancelación del llamado a licitación del aeropuerto, se ratificaron plenamente en el contenido de su dictamen inicial, que había recomendado declarar desierta la licitación o, en su defecto, cancelar el llamado.
La recomendación de la Contraloría, recurrida por el MOPC, se basaba en dos cuestiones fundamentales: la omisión del llamado a precalificación por el MOPC y el diseño defectuoso de los pliegos, que fueron hechos con el soporte de la consultora Deloitte, además de la constatación de otras irregularidades.