“La empresa Vox es una unidad operativa integrada al patrimonio de la Copaco, por tanto se halla subordinada a los mismos principios jurídicos que regulan a la misma”. Así se expedía el doctor Javier Parquet, experto en derecho administrativo, en su dictamen de abril de 2011, hecho a pedido del entonces titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Eduardo De Gásperi.
Dijo que “si bien el Estado no es directamente el custodio o ha sido el adquirente directo del paquete accionario de Vox, es propietario de tal activo por formar parte del patrimonio integral de la operadora estatal Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco)”.
Pero las autoridades de la Copaco, las mismas de Vox, para seguir haciendo sus compras a espaldas de la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas, recurrieron a la Procuraduría de la República, en ese entonces a cargo del actual Contralor General de la República, Enrique García.
Según el dictamen del exprocurador García, “se trata de una empresa de derecho privado, de una sociedad anónima, que no es de propiedad del Estado paraguayo, sino de la Copaco”.
Esta interpretación tendría asideros lógicos más firmes cuando la sociedad consolidase un patrimonio propio como consecuencia de sus operaciones, siendo autosuficiente y administrando recursos genuinos generados en forma sustentable, según Parquet. Éste siguió explicando y alegando que “la situación de Vox es distinta, ya que fue adquirida por el Estado y realiza contrataciones con fondos del Estado, por lo que debe ser tratada como el resto de las empresas públicas”.
Amparada en el dictamen de la Procuraduría, Copaco siguió haciendo compras de bienes y servicios por más de US$ 50 millones, fuera de la Ley 2.051, para que “Vox compitiera en el mercado”.
Pero a nueve años de la compra de Vox, la misma sigue perdiendo dinero. Hasta provocó la estrepitosa caída de las finanzas de su propietaria (Copaco), que de acuerdo a datos de Hacienda, entre 2017 y 2018 registró pérdidas superiores a los G. 100.000 millones.
Aparentemente, desde la empresa del Estado han escondido sus compras para no evidenciar indicios de hechos punibles. Un informe de la Contraloría de 2018 reveló anomalías, pero no fue derivado a Auditoría Forense para determinar probables daños patrimoniales.
Amerita abrir investigación
Teniendo en cuenta las millonarias inversiones y la actual quiebra técnica de Copaco y Vox, sería oportuno investigar a los extitulares. Mario Esquivel presidió Copaco en 2010, le sucedió el excontralor Francisco Galiano Morán. Este fue reemplazado por Rogelio Benítez, quien fue cambiado por Eduardo Neri González. Siempre formaron parte del directorio las autoridades actuales: Sante Vallese, Nilton Amarilla y Miguel Torres.