“El instituto, a través del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), llevó a cabo una labor de campo que permitió la formalización de tierras en las distintas colonias del país. Estas entregas se vienen realizando semanalmente tanto en el local central del ente como en las distintas comunidades del interior”, señala la nota de prensa difundida ayer por el ente.
Sin embargo, lo que continuamente entrega el instituto rural, presidido por Justo Cárdenas, son “certificados de adjudicación”, unos cartones sin valor jurídico que se suelen repartir en rimbombantes actos públicos y que, según el dato oficial, están basados en resoluciones de adjudicación que sí tienen un asidero legal, al identificar a los beneficiarios de lotes fiscales y los datos de sus respectivas propiedades rurales. Aun así, estos papeles todavía no se constituyen en títulos de propiedad.
A partir de la implementación del catastro rural llamado SIRT hace dos años, cuyo coordinador es Hugo Jiménez Recalde, “el instituto rural sumó un total de 23.091 certificados de adjudicación entregados oficialmente a los beneficiarios de la reforma agraria, cumpliendo así con la Acordada N° 84/98 de la Corte Suprema de Justicia”, señala al respecto la nota enviada ayer por el Indert.