Cárdenas dijo a la Cámara de Senadores que un total de G. 117.138 millones fueron “invertidos” en la construcción de sistemas de agua potable, que al cambio actual se traduce en US$ 21 millones. El presidente del instituto rural respondió las 10 preguntas relacionadas al “negocio” de los pozos, pero ante los principales cuestionamientos demeritó las publicaciones periodísticas y cuando eso no le bastó, “pasó la pelota” a las ONGs.
Se le preguntó si está en conocimiento de que dichos organismos contrataron a firmas de funcionarios públicos, políticos y hasta autoridades electas para la construcción de los sistemas, a lo que respondió que “no”, ya que el Indert no tiene injerencia en la elección de las “constructoras”. Alegó que las ONGs hacen un concurso de precio para elegir la mejor oferta.
Esto se ha demostrado que es una farsa, pues las adjudicaciones son absolutamente arbitrarias. Se contrató a numerosos amigos del Gobierno, como el caso de José Martínez, leal del presidente de la República, Horacio Cartes, quien junto con su familia se alzó con más de G. 14.977 millones.
Al ser consultado si tomó medidas ante la aparición de denuncias y la difusión de investigaciones periodísticas que comprometen a la institución y los recursos públicos, respondió con una frase que ya es común en este Gobierno. “Me niego a que un medio de prensa, o dos o tres, marquen la agenda del Gobierno. No veo que el Estado se tenga que mover en base a la publicación, sobre todo si son (denuncias) infundadas”, señaló.
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Negó coimas
Ante la consulta de si le consta o tiene conocimiento de la existencia de una rosca que solicita coimas de hasta 30%, respondió: “Desconozco absolutamente”, pese a que la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía está investigando un caso de una aparente coima documentada que fue depositada en la cuenta de Santiago Ochipinti, funcionario encargado de todas las gestiones de los pozos.
En otro momento, Cárdenas expuso una férrea defensa a la transferencia directa de fondos a ONGs, a través del rubro 800, como lo hizo en ocasiones anteriores, con el argumento de que la Ley 2051 de Contrataciones Públicas es una vía engorrosa que no permitiría atender la gran demanda de agua potable. “Con la licitación no se asegura la contratación ágil ni mejores precios”, señaló, y dijo que en los últimos 11 años se hicieron 66 pozos a través de ese sistema, frente a los 234 encarados en su gestión; empero, reconoció que “pueden darse problemas” con estas obras. No obstante, dijo que estas construcciones aún no tienen recepción final y que habrá un “estricto control” con base en especificaciones técnicas recomendadas por Itaipú. Las obras “serán solucionadas, revisadas y verificadas”, acotó, abriendo el paraguas ante un posible aluvión de pozos deficientes.
¿Y las firmas fantasmas?
En casi cuatro horas que duró la interpelación, Justo Cárdenas no mencionó la existencia de firmas fantasmas creadas a nombre de personas que, según denunciaron a la Fiscalía, jamás recibieron los millonarios fondos. ¿Quiénes se quedaron con el dinero público y por qué el Indert no investiga los hechos? Son algunas preguntas que el titular del ente no respondió ayer.
Por otro lado, la sesión de la Cámara de Senadores se quedó sin quórum justo en el momento que debía realizarse la votación para decidir si convencieron o no las respuestas de Cárdenas. Según explicaron fuentes legislativas, se establecerá una nueva fecha para definir si hay voto censura o si finalmente este proceso solo fue un show para blanquear al funcionario.