Tras el reclamo realizado la última semana por gremios de arquitectos, como la Asociación Paraguaya de Arquitectos (Apar) y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA (FADA UNA), que exigían transparencia en la adjudicación del anteproyecto del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo, anunció que el llamado para ese concurso será lanzado a fines de este mes.
Melgarejo insistió en que hubo una confusión sobre dicho proceso, porque hasta el momento, lo que se hizo, fue continuar con el plan maestro de ampliación del aeropuerto, que terminaría para el día 20 de este mes.
“La base del plan maestro ya estaba elaborado en conjunto con la Organización de Aviación Civil internacional (OACI) desde el 2015, ahora se está haciendo una actualización, incluso con consultas sobre la posibilidad de tener dos pistas, de acuerdo al crecimiento de pasajeros”, explicó Melgarejo.
Añadió que al terminar el plan maestro, se van a pulir los términos de referencia para el concurso del diseño y se va a llamar al concurso para el diseño.
Los profesionales paraguayos habían denunciado la supuesta intención de adjudicar el proyecto al profesional argentino Horacio Torcello (diseñador del actual aeropuerto) y solicitaron transparencia en el proceso.
Sobre este punto, Melgarejo indicó: “Creo que el gremio entendió que ya se le dio a Torcello para que haga el diseño, pero no es así. El estaría asesorando, ya que cuenta con los planos originales, y de manera gratuita, fue solo eso”, alegó.
Al respecto, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción, Ing. José Luis Heisecke, dijo que el gremio de arquitectos debe pedir a la Dinac una audiencia en la que se pueda dar una aclaración formal sobre el proceso. “Esto se soluciona demostrando los papeles”. Añadió que en el país existen profesionales suficientemente capacitados para emprender el proyecto.
Alerta en el sector
La alerta en cuanto a adjudicación sobre ampliación del aeropuerto está latente luego de que durante la administración anterior la Contraloría cancelara la adjudicación, vía Alianza Público Privada (APP), a la cuestionada firma española Sacyr, a raíz de varias irregularidades en el proceso.