El proyecto de ley, que busca incorporar los fondos para gastos sociales de las entidades binacionales en el Presupuesto General de la Nación (PGN), es impulsado por los diputados liberales Édgar Acosta, Julio Mineur y Pastor Vera Bejarano.
El documento se basa en el Art. 176 de la Constitución Nacional relativo a la política económica y promoción del desarrollo económico, mediante la “utilización racional” de los recursos disponibles.
Al respecto, Édgar Acosta (PLRA-Central) explicó que la intención es ejercer un control sobre los fondos que son destinados a los famosos “gastos sociales”, que hasta ahora se distribuyen con “absoluta discrecionalidad”, sin presupuestos medibles y, ejercer, de cierta forma, un “control eficiente”.
El proyecto de ley establece, básicamente, que los recursos provenientes de las dos entidades binacionales hidroeléctricas, que fueran destinados a los proyectos y programas de contenido social, cualquiera fuera su denominación, sean transferidos al Ministerio de Hacienda para su posterior utilización y formen parte del presupuesto nacional.
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Acosta indicó que hasta ahora los directores nacionales de las entidades binacionales utilizan los recursos “con mucha discrecionalidad”, convirtiendo los “gastos sociales” en un elemento para el clientelismo político. “Esto pasa porque no está establecida una estructura del manejo del dinero, que al final es de toda la ciudadanía”, aseveró el legislador liberal.
Expresó asimismo que las obras encaradas con el actual sistema incluso generan malestar, porque al no formar parte, inicialmente, del presupuesto de la institución beneficiada no se prevén recursos para la nueva obra ni para su manteniendo posterior. “Los gastos sociales tienen que estar en la estructura del presupuesto nacional y, básicamente, tienen que ser destinados a salud y educación”, enfatizó.
Cabe señalar que el proyecto presentado en la víspera establece que los fondos provenientes de los gastos sociales serán efectivamente asignados con exclusividad al financiamiento de programas y proyectos relacionados a las áreas de salud y educación. Igualmente dispone que la distribución de estos recursos se materializará por medio de convenios que serán celebrados entre las entidades aportantes y las instituciones involucradas.