Tras varias horas de intenso debate en el que no se ahorraron los adjetivos, la Cámara Baja rechazó el proyecto de ley de expropiación de las tierras de Guahory, que en realidad también incluía propiedades de otras colonias del departamento.
Precisamente, el diputado Bernardo Villalba (ANR) señaló que no solamente se pretendía obligar la compra de lotes de Guahory, sino también de las colonias Santa Silvia y San Sebastián, usando como bandera el primer sitio, donde semanas atrás se registró el desalojo de unas 200 familias campesinas.
Otros legisladores fueron más duros al hablar de un trasfondo que va mucho más allá de conseguir tierras para labriegos. Por ejemplo, Clemente Barrios (ANR) señaló que la intención era politizar y sacar rédito del tema, pues hay intereses de por medio provenientes, sobre todo, de la oposición. En otro momento del debate, hasta sindicaron al presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, como parte del “grupo agitador” que viene promoviendo la expropiación.
Seguirán las protestas
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Tras la sesión de Diputados, uno de los voceros de los campesinos de Guahory, Andrés Brizuela, afirmó que prevén seguir con protestas frente al Indert y otras instituciones, hasta encontrar una solución a la falta de tierras para las familias de los compatriotas. “Seguiremos hasta el final. Buscamos por la vía correcta, pero hasta el momento no hay nada, no hay justicia para los paraguayos”, afirmó.
La situación de Guahory fue estudiada por la dependencia del Indert llamada Sistema de Información de Recursos de la Tierra (Sirt), que identificó 102 lotes en el sitio. De esa cantidad, 68 tienen títulos finiquitados, es decir, inscriptos en Registros Públicos, de los cuales, 55 fueron dados bajo el anterior estatuto que permitía la adjudicación a extranjeros y 13 con el actual (vigente desde 2002), que lo prohíbe. También encontraron seis títulos formulados (con padrón de Catastro), tres lotes a titular (con arraigo comprobado) y 25 ocupados de manera irregular, que serán pasibles de un proceso de recuperación.
De acuerdo con los datos del Sirt, al momento del relevamiento de datos verificaron además que 71 del total de 102 lotes se encontraban con ocupación precaria por parte de 123 familias (antes del desalojo). Según había dicho Cárdenas a la prensa, la idea es reubicar a estos compatriotas, aunque hasta el momento no hay propuesta concreta al respecto.