Explicaron que solo cobraron aquellos empleados de la OFAT que habían pasado a partenecer al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal (Senave), mientras que los que quedaron como empleados del MAG no pudieron cobrar debido a una omisión en la redacción de la ley, que señala el beneficio solo para los empleados del Senave. “Hemos trabajado en el mismo lugar insalubre y sufrido la misma contaminación con todos los productos allí almacenados pero no podemos cobrar, algunos incluso ya murieron”, lamentó el jubilado Rodas.

Destacó que están “peregrinando” por diversos ámbitos del Ejecutivo y Legislativo, y que ya no saben cómo seguir, debido a que nadie mueve ya nada, y que solo queda la prensa para denunciar la gran injusticia. El monto que cobrarían los 483 sería de unos G. 2.500 millones.