Para competir en la licitación de la operación de los peajes por 10 años, la denominada Concesionaria de Peajes del Paraguay presentó datos falsos en lo que respecta a la experiencia específica de la empresa uruguaya Ramón C. Álvarez SA, que integra el referido consorcio. La firma en cuestión menciona su experiencia como subcontratista de la Corporación Vial del Uruguay y en su oferta incluyó un documento supuestamente expedido por la citada corporación que asegura haberle contratado para la construcción de nueve estaciones de peajes.
En ese mismo documento se remite al contrato de concesión que a su vez tenía la Corporación Vial del Uruguay con el Ministerio de Obras Públicas del Uruguay, en donde consta que tres de los peajes supuestamente construidos por Ramón C. Álvarez SA ni siquiera figuran en el convenio (ver facsímiles).
¿Por qué mintió?
Ramón C. Álvarez acreditó como experiencia específica tres puestos de peaje que nunca construyó porque necesitaba alcanzar o incluso superar las 25 vías.
El pliego en el folio 35 dice lo siguiente: “Participación como Contratista Principal o Contratista Administrador en forma individual o como integrante de un Consorcio; o Subcontratista en al menos 1 (un) o más contratos que implique la operación y mantenimiento de puestos de recaudación de peajes, con al menos 25 vías en operación simultánea (...) Esta experiencia deberá ser acreditada con nota de la entidad de gobierno y/o responsable de la contratación”.
Cada peaje tiene varias pistas y con los seis puestos que Ramón C. Álvarez construyó solo alcanzaba 19 pistas y le faltaban seis.
La firma del contrato está supuestamente en stand by hasta que el MOPC reciba vía Cancillería un informe que le solicitó a la Corporación Vial del Uruguay, después de que por correo electrónico, meses atrás, ya desmintiera a Ramón C. Álvarez.
No obstante, los documentos que acompañan esta información obran en poder del MOPC desde setiembre del año pasado cuando Ramón C. Álvarez, consorciada con CDD (César Daniel Delgado), presentó la oferta de G. 42.617 millones, a la que adjudicaron por resolución del 7 de diciembre del año pasado.
La semana pasada la viceministra de Finanzas, Marta Benítez, dijo ante nuestra consulta que no existen elementos sólidos para cancelar esta adjudicación.
Llamativamente, el documento que ya está en la Cancillería nacional y del que depende la firma del contrato no está siendo divulgado. La viceministra dijo que aún no fueron notificados oficialmente.