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Dudas sobre seguro del “superviaducto”

Este artículo tiene 7 años de antigüedad

Hay dudas sobre el seguro del “superviaducto”. Ni el MOPC ni Contrataciones pudieron confirmar la aseguradora y la fecha exacta de vencimiento. El ministerio dijo que intimó a la contratista por obras que faltan, avisando que ejecutaría la póliza.

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De acuerdo a datos brindados por fuentes técnicas consultadas el fin de semana por nuestro diario, la póliza de seguro del “superviaducto” sería con la firma Segesa (Seguros Generales SA) y vence a finales de agosto. La contratista, la española Isolux Corsán, tiene por lo tanto hasta ese mes para terminar algunas obras pendientes.

Intentamos tener copia del contrato firmado con la empresa aseguradora, pero el documento no está publicado en la página de Contrataciones Públicas. Consultamos con portavoces de la institución y alegaron que no se acostumbra alzar a la página web contratos con las aseguradoras, pero que los papeles los tiene la contratante, es decir el MOPC.

Ante eso, pedimos datos al respecto al Ministerio, y el departamento de Comunicaciones nos respondió el viernes que solicitemos de nuevo este lunes. Tampoco el viceministro de Obras, Juan Manuel Cano, y otros ingenieros de la cartera estatal respondieron a nuestras consultas sobre el mismo tema.

Solo extraoficialmente, algunas fuentes técnicas señalaron que la póliza vence en los últimos días de agosto próximo y que la aseguradora sería Segesa.

Los interrogantes al respecto surgieron a partir de que el MOPC informó en estos días que intimó a Isolux, exigiendo que se realicen obras pendientes como una pasarela peatonal, un canal de hormigón y una caseta, que figuran en el proyecto, pero no se hicieron.

En la nota, el MOPC había manifestado que estos trabajos pendientes debían iniciarse en un plazo no mayor a tres días de recibir la notificación (enviada el 8 de junio), de lo contrario procedería a la rescisión de contrato por incumplimiento.

Este hecho levanta sospecha porque se da en medio de un intento de blanqueo en el caso de la denuncia por lesión de confianza y asociación criminal que involucra al ministro Ramón Jiménez Gaona y a Cano.

La construcción del “superviaducto” tuvo un costo de G. 124.210 millones.

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