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El acuerdo, según la definición formal, es para “establecer las condiciones para la implementación de las recomendaciones y medidas necesarias para alcanzar la transparencia en la gestión pública, la integridad del servidor público, la prevención y la detección de supuestos hechos punibles de corrupción y fortalecer la participación ciudadana”.
Desde la instalación de la EBY, un presidente argentino, Carlos Saúl Menem, no titubeó en denominarla “Monumento a la Corrupción” y un afamado escritor y periodista, Elvio Bottana, se refirió al proyecto y a su ejecución como “El Caldero de Yacyretá”.
Actualmente, existe una investigación en curso a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos por la violación de las cláusulas del acuerdo internacional con base a una denuncia formulada por integrantes de la Comisión para el Cumplimiento del Tratado de Yacyretá. Los mismos piden el procesamiento de todos los funcionarios que avalaron desde 1994 en adelante la aplicación irregular de la Nota Reversal de 1992, que altera las condiciones del acuerdo y que fuera rechazada por el Congreso en 1995.