Se le preguntó al abogado Wildo Almirón, secretario general de la EBY, por qué obstaculizaron la labor de la Justicia, a lo que respondió que debía esperarse la autorización de las cancillerías argentina y paraguaya para que el fiscal y su comitiva accedieran porque la represa “es binacional”.

Llano llegó hasta la barrera del puesto N° 2, en la entrada de la central, con sus asistentes y efectivos policiales con una orden de allanamiento para comprobar una denuncia de mortandad de peces cerca la compuerta N° 1 del vertedero principal de la presa.

Los guardias apostados en el lugar le dijeron a Llano que no podía ingresar, pese a que el fiscal les explicó que era un allanamiento. Ante esa actitud, Llano intentó levantar la barrera, pero los guardias le impidieron hacerlo.

Ante esa resistencia, el fiscal pidió refuerzo policial para cumplir con su objetivo, pero los guardias bloquearon el acceso con sus vehículos.

José Luis Llano decidió entonces esperar al abogado Wildo Almirón, quien justificó la decisión del modo relatado más arriba.

Trascendió que mientras demoraban al fiscal en la barrera de referencia, unas 45 toneladas de peces de las especies bagre, manguruyú, armado y surubí fueron retiradas del agua para luego ser enterradas en una isla cercana que la EBY utiliza como basurero. ¿Qué pasaría si se perpetrara un crimen en el recinto de “la binacional? ¿El fiscal debería igualmente aguardar el permiso de “las cancillerías” para entrar a investigar? Además, el Sr. Almirón debería releer el Art. V del Tratado.