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Ejecutivo insiste en apurar al Congreso por leyes tributarias

Este artículo tiene 9 años de antigüedad
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Desde el Ejecutivo volvieron a insistir ayer al Congreso que trate lo antes posible los proyectos de leyes que castigan la evasión tributaria y eliminan las acciones al portador, según dijo la subsecretaria de Tributación, Marta González, tras reunirse con el presidente Cartes.

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El martes último el ministro de Hacienda Santiago Peña aprovechó la inauguración de la 51 asamblea del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), que se realizó en nuestra capital, para reclamar al Congreso la aprobación de leyes que aumentan las sanciones a infractores tributarios, así como el proyecto de ley que elimina las acciones al portador. Ayer hizo lo mismo González, titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, donde acudió a acompañar a la delegación de la policía fiscal italiana que se reunió con Cartes.

La subsecretaria de Tributación dijo que hay varias tareas pendientes para seguir disminuyendo la evasión fiscal en el país y señaló que una de ellas está en el Parlamento. Expresó que se necesita en el más breve plazo concretar la ley –ya con media sanción de Diputados– que elimina las acciones de las sociedades anónimas al portador. Otra legislación pendiente es la modificación de la ley 125 (IVA).

González indicó que los delitos transnacionales están a la orden del día en la actualidad y que una forma de combatirlos es contar con instrumentos legales adecuados. En ese sentido, mencionó el tema del secreto bancario. Enfatizó que nuestro país sigue teniendo limitaciones a las informaciones bancarias por las disposiciones legales vigentes. “Nosotros necesitamos tener mayor fortaleza en términos de sancionar a los evasores y a los que incumplen las normas fiscales”, insistió González.

Agregó que no es posible que una empresa que vende por el valor de 5.000 a 10.000 dólares diarios a penas puedan ser sancionadas con multas de 180 dólares por la no emisión de facturas. Indicó que esa sanción irrisoria es un recurso ineficiente y que no permite un frontal combate a la corrupción por más que haya voluntad en el Gobierno.

La crisis política desatada a raíz del proyecto de reelección del presidente Cartes –ahora frustrado– afectó las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo al punto que algunas iniciativas legislativas del Gobierno están siendo dilatadas en el Parlamento.

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