Se trata del Decreto N° 359, fechado el 5 de octubre del 2018 que unifica todas las reglamentaciones en cuanto al IRP. La administración tributaria de la era Cartes había generado un grave conflicto tras cambiar el criterio de interpretación de la norma en materia de renta personal, luego de varios años de aplicación bajo otros criterios.
La administración de Marta González Ayala había notificado a numerosos contribuyentes sobre supuestas malas liquidaciones entre los ejercicios 2012 y 2016. Argumentaba que las inversiones no eran deducibles, lo cual generó un levantamiento del sector privado. En términos prácticos, pretendía cobrarles muchos más impuestos.
La nueva disposición dada a conocer ayer determina que los intereses obtenidos por CDA (Certificados de Depósitos de Ahorro) así como los obtenidos por bonos, no son deducibles para la liquidación del tributo. En cuanto a las inversiones en acciones, serán deducibles solo en un 50%.
La nueva medida también dispone que las adquisiciones de artículos suntuarios no serán deducibles en carácter de inversiones, como el caso de adquisiciones de yates, aviones, entre otros. Sin embargo, sí podrán ser deducibles bajo el concepto de gastos. El decreto fija una serie de inversiones que no serán deducibles.
La disposición también despeja dudas sobre otro polémico punto: el ingreso obtenido en el año es deducible así como los provenientes de años anteriores. La administración Cartes pretendió limitarlo solo a los ingresos del ejercicio.
Un aspecto trascendente es que los nuevos criterios fijados rigen para la liquidación del IRP correspondiente al ejercicio 2017. Hay que tener en cuenta que precisamente a partir de la próxima semana rige el calendario de pagos del IRP por el año pasado.
La mayoría de los criterios relacionados con otros aspectos de la liquidación del tributo fueron mantenidos. Con este decreto se pone punto final a un largo conflicto instaurado por el capricho de la entonces viceministra Marta González Ayala y se da vuelta a la página para dejar atrás el periodo más autoritario de la administración tributaria.