El referido proyecto nunca contó con recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación, tanto en los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011 y 2012.
El memorándun de acuerdo tiene vigencia al 31 de diciembre de 2013 y es financiado en un 100% con fondos locales del Estado y sin aporte del PNUD, violando de esa manera lo que establece la Ley 686/77 “que aprueba y ratifica el acuerdo sobre asistencia técnica entre nuestro país y el PNUD”.
Hasta la fecha se han realizado procesos de contrataciones excluidas con pagos realizados al organismo por valor de US$ 13 millones, sin recibir a cambio los bienes y servicios previstos en dichos procesos de contrataciones, generando de esa manera un daño patrimonial al Estado por igual valor.
A este monto hay que agregarle el costo financiero del 6% que se debe pagar a la UNOPS por la administración de los fondos recibidos.
Hoy día dicho costo alcanza la suma de US$ 1.586.596 equivalente.
De esta manera, el eventual daño patrimonial al Estado ascendería a unos US$ 15 millones, pudiendo ser mayor el monto que será definido una vez que se cuente con toda la documentación de los distintos procesos iniciados.
Con la firma del acuerdo y la transferencia de fondos se ha demostrado que el Ministerio de Salud ha violado las disposiciones legales que rigen la materia con conocimiento de causa y generando además un daño patrimonial.
Hasta el momento, el Ministerio Público no tomó intervención en el asunto, pero esta semana, un grupo de diputados de la oposición anunció que formalizará una denuncia formal.