El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), Beltrán Macchi, confirmó ayer a ABC Color que la inconstitucionalidad es el paso que se tiene previsto dar tras tener la respuesta de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) a la consulta no vinculante.
El dirigente del empresariado adelantó que la inconstitucionalidad se presentará ante la Justicia apenas se tenga listo el escrito y sea firmado por todos los contribuyentes que quieran adherirse, porque este tipo de acción se plantea en forma individual y no como gremio.
La medida, sin embargo, se promoverá a través de los diferentes gremios y no se descarta que se sumen los contadores, sector que también se ha venido manifestando en contra de las modificaciones efectuadas por el Ejecutivo al IRP en diciembre de 2016.
Respuesta
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La consulta no vinculante había sido presentada por la Feprinco, en representación de los gremios que lo conforman, en marzo pasado y solicitaba al fisco que aclare el alcance de su interpretación sobre la deducibilidad de las inversiones en acciones y cuotas de sociedades para los ejercicios fiscales 2012 al 2016; así como de los siguientes periodos de 2017 en adelante.
La SET, por su parte, a inicios de este mes respondió y ratificó su posición respecto a que serán deducibles las inversiones y gastos del IRP siempre y cuando estén directamente relacionados a la actividad gravada, caso contrario no. Tampoco será deducible la compra de acciones como la colocación de rentas para obtener un rendimiento económico en una sociedad comercial, porque la sociedad ni su actividad están relacionadas a la actividad gravada del profesional, según la SET.
Diálogo
Con este panorama los gremios optaron por presentar la inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y esperar que se conforme el equipo de transición del gobierno electo para buscar dialogar y acordar sobre la modificación de este controvertido tema que se arrastra desde diciembre de 2016, fecha en que el Ejecutivo decidió modificar la reglamentación del IRP e imponer límites a las inversiones deducibles como mecanismo para recaudar más.
Como antecedentes de acciones de inconstitucionalidad con fallos de la Corte en contra de la SET se puede citar dos de los casos más recientes: uno que favoreció a un grupo de contadores que accionó en contra de las nuevas reglas de auditorías impuesta por el fisco y, el otro, a favor de las cooperativas que accionaron contra la aplicación del IVA a las operaciones del sector.
Los cambios cuestionados
En diciembre de 2016 por Decreto Nº 6560/16 el Ejecutivo modificó 33 artículos de la reglamentación del IRP. Uno de los puntos más cuestionados es haber limitado la deducción de inversiones. Los gremios empresariales y de profesionales sostienen que el referido decreto viola la ley de Adecuación Fiscal y transgrede la Constitución Nacional.