El Indert suspendió la reunión en Capiibary y continúan los conflictos

A últimas horas de ayer, desde el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) decidieron suspender unilateralmente la reunión que estaba prevista para hoy en Capiibary (San Pedro) con las autoridades de esta localidad y los afectados por acciones jurídicas del ente sobre un centenar de lotes. Los pobladores denuncian que sus derechos posesorios fueron atropellados y el ente dice que actuó legítimamente.

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El presidente del Indert, Justo Cárdenas, afirmó ayer en conferencia de prensa que revisarían caso por caso las denuncias de pobladores de las localidades Tapiracuái Loma y Añaretãgua, ambas de Capiibary (San Pedro), que hacían referencia a atropellos a los lotes entregados por el ente agrario en el pasado.

Sin embargo, en horas de la tarde se informó desde la institución que Cárdenas decidió suspender el encuentro –del que también debía participar el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja–, argumentando que los interlocutores estaban movidos por objetivos políticos.

En lugar de esta actividad, el titular del ente presentará hoy a las 10:00 en la Cámara de Diputados un pedido de audiencia pública, para exponer los trabajos llevados adelante en las localidades sampedranas. Cuando fue consultado acerca del proceso jurídico sobre los inmuebles en disputa, Cárdenas señaló que es mentira que el instituto haya anulado títulos de propiedad, pues, de hecho, ese es un proceso que solo se puede realizar con juicios de nulidad, mientras que en este caso las acciones fueron sobre lotes que no tienen aún títulos definitivos (inscriptos en Registros Públicos y Catastro). Sin embargo, reconoció que no se notificó a las partes (y, por ende, estas no pudieron ejercer su derecho a la legítima defensa), en el marco del interdicto de adquirir la posesión, llevado adelante sobre unos 100 lotes. Dijo que “no hacía falta”, ya que la presencia de una jueza bastaba para legitimar el procedimiento en el que, según dijo, se constató que no había arraigo en los inmuebles.

No hubo notificación

La abogada del Indert, Sonia Paniagua, habló en el mismo sentido al señalar que no era necesaria la notificación porque en el momento en que la jueza se constituyó en los lotes, las personas afectadas hubiesen recibido la notificación si se encontraban, pero como no fue así, solo se dejó constancia de ello. Fue así que en noviembre del año pasado el juez Hermut Fortlage, de Asunción, confirió comisión suficiente a la jueza de Paz de Capiibary, Myrian Leguizamón, para que esta dé en posesión al ente agrario de los lotes en cuestión.

Otros abogados consultados sostienen, empero, que el juicio promovido por Cárdenas es nulo, porque no se puede turbar arbitrariamente la posesión del otro y además porque la notificación debía realizarse desde el inicio de la demanda, cuando se dio el primer proveído del juez, pero en este caso todo el proceso se ocultó a los afectados hasta que el plan del Indert se consumó con la sentencia judicial que le dio la posesión.

Esto provocó que miles de pobladores salieran a las calles la semana pasada, marchando en protesta contra lo que consideran la violación de sus derechos por parte del ente agrario.

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