En un comunicado de prensa enviado el fin de semana, Cárdenas negó que exista sobrefacturación en las construcciones de sistemas de agua potable financiadas por la institución a través del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides).
Si bien reconoció que uno de los pozos llegó a costar G. 1.069 millones, trabajando con la intermediación de una ONG y que es tres veces mayor al precio pagado en la última licitación del mismo rubro, se justificó diciendo que las inversiones en la red de distribución domiciliaria representaron altas erogaciones en esa inversión. “Esa es la explicación razonable que el propio diario lo sabe muy bien, pero, como ya es costumbre en ABC Color, intenta sembrar dudas y realiza acusaciones absolutamente infundadas y calumniosas”, indicó Cárdenas.
Luego señaló que “el precio promedio de los sistemas construidos con los fondos del Fides está en el orden de los 400 millones de guaraníes, variando por razones absolutamente entendibles y necesarias”. Sin embargo, los datos oficiales de la institución indican que las diez “constructoras” que recibieron los mayores pagos tuvieron promedios de entre G. 581,6 millones y G. 745,4 millones (ver cuadro).
Si consideramos los más de 200 sistemas de agua potable (encarados a través de ONGs que subcontrataron a firmas de políticos y amigos del Gobierno), el promedio general adjudicado es de G. 520 millones.
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De acuerdo con datos del sector de la construcción, una obra encarada por empresas formal y legalmente constituidas no debe pasar de los G. 220 millones, aproximadamente. Con esa suma, se puede lograr una obra que se ajusta a las características técnicas recomendadas en sistemas de agua.
En el caso de las obras financiadas por el Indert, los precios no solo son mucho más altos que los del mercado, sino, además, fueron construidas con materiales de mala calidad, que en numerosos casos provocó que el sistema de agua no funcione o lo haga a medias, según las denuncias realizadas por pobladores de los asentamientos y colonias del ente. Gremios del sector privado, como la Mesa Sectorial de la Construcción de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), también llegaron a expedirse sobre estas anomalías, que son consecuencia de la adjudicación a firmas “de maletín”, sin experiencia en el rubro.
Aún sabiendo esta realidad, Cárdenas dijo en su comunicado que no apañará “ninguna irregularidad por parte de las constructoras”.